madrid - Tras mandar a prisión a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE) en el marco de la Operación Púnica contra la corrupción, el juez Velasco adoptó ayer la misma decisión con el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP). Le acusa de utilizar la trama para perpetuarse en su cargo gracias a la red de influencias de Alejandro de Pedro, uno de los cabecillas del entramado y conseguidor de contratos públicos de la red, que también fue encarcelado ayer tras declarar en la Audiencia Nacional.
En ambos casos el juez decretó el ingreso en prisión sin fianza, mientras que con un quinto detenido, el empresario José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, ordenó prisión eludible bajo fianza de 300.000 euros.
Según el auto de prisión, el presidente de la Diputación de León habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro “a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León”. Además, “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”.
A Alejandro de Pedro Llorca, el juez le sitúa como “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias alternativo” al de David Marjaliza, otro conseguidor de la red y socio del considerado cabecilla de la trama, el exconsejero y ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados (ambos pendientes de ser puestos hoy a disposición judicial).
“procedimientos irregulares” Según el auto, ha quedado acreditado que De Pedro “presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto”. Estos trabajos le abrirían además “la posibilidad de constituir una red de contactos con autoridades públicas que le facilitarían la contratación en otros sectores para sí o para terceros, como sucede en Murcia, León y Madrid”.
En cuanto a José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, el juez destaca que esta empresa ha sido “históricamente” adjudicataria “de numerosos contratos públicos en diversos municipios madrileños, así como con empresas públicas dependientes de la Comunidad de Madrid, donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia”. Observa Velasco que desde 2004 a 2013 uno de sus principales clientes ha sido el Ayuntamiento de Valdemoro, del que Granados fue regidor (1999-2003) y cuyo alcalde actual José Carlos Boza Lechuga, se encuentra también entre los detenidos de la operación. Huerta hizo también contratos de eventos para empresas públicas regionales como el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña, Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, Instituto Madrileños de Desarrollo y la Fundación Arpegio.
Estos contratos se formalizaron cuando Granados ocupaba “cargos de relevancia” en la Comunidad de Madrid y que “le conferían la condición de administrador de estas sociedades públicas y por lo tanto la capacidad de influir sobre los contratos procedentes de dichas empresas públicas”. Waiter Music, sigue el auto, “también tiene contratación durante varios ejercicios con diversos municipios en los que a lo largo de la investigación se han arrojado evidencias de la irregularidad de su contratación administrativa”. - DNA/Efe
Granados, hoy ante el juez, denuncia su detención. Dos de los principales imputados en la trama, el exconsejero madrileño y ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y su socio David Marjaliza, pasarán hoy a disposición judicial. Las mujeres de ambos anoche sendos habeas corpus en los Juzgados de Majadahonda y Colmenar Viejo para solicitar “su inmediata puesta en libertad” al considerar ilegal la prórroga de sus detenciones decretada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. El magistrado acordó ayer que ampliaría el plazo para interrogarles 72 horas más. El plazo de detención policial finalizó a las nueve de esta mañana.
Aguirre, “muy tocada”. Varios cargos del PP consideran que la implicación de Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, deja “muy tocada” a la expresidenta de la Comunidad y presidenta del PP de Madrid, que no puede escudarse en que “no sabía nada” de lo que hacía su consejero entre 2004 y 2009.
Primeras fianzas depositadas. El exalcalde de Parla José María Fraile, el regidor de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), y Antonio Cándido Ruiz, presunto testaferro del conseguidor de la red David Marjaliza, quedarán en libertad tras depositar ayer las fianzas que le impuso el juez.
