GASTEIZ. El Parlamento Vasco ha pedido hasta en dos ocasiones este año al Ejecutivo autonómico que incremente el esfuerzo económico para satisfacer la demanda de esta ayuda, que casi todos los años se agota en verano.
Las Ayudas de Emergencia Social son gestionadas por los ayuntamientos, que estiman que necesitarían un total de 31,4 millones del Gobierno Vasco para poder atender a todos los solicitantes sin tener que recurrir a las arcas municipales.
Sin embargo, el Gobierno Vasco sostiene que a día de hoy no es posible hacer una ampliación presupuestaria para las AES por falta de disponibilidad de recursos y recuerda que son una subvención y no un derecho subjetivo, garantizado por ley, como sería el caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que gestiona Lanbide.
Las AES son ayudas puntuales para personas que no pueden pagar el alquiler, el gas, el agua o la luz.
En los presupuestos de 2014, el Ejecutivo autonómico consignó 20,5 millones para las AES, 3,2 millones más que en 2013, y para 2015 la partida se ha elevado a 21 millones, 0,5 más.
Por otro lado, el proyecto de presupuestos del Gobierno Vasco para 2015 prevé un incremento del 19,9 ciento de la partida destinada a cubrir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda, que se eleva hasta los 461 millones
En los presupuestos de este año, el Ejecutivo autonómico consignó 384,5 millones para hacer frente a la demanda de estas dos ayudas.
No obstante, si el presupuesto previsto para cubrir la demanda de la RGI se queda corto, el Gobierno Vasco tiene la obligación de incrementar la partida.
La RGI es una prestación mensual dirigida a personas que no disponen de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos de las necesidades básicas y a los del proceso de inclusión social.
Los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) han aumentado en el conjunto del País Vasco desde que comenzó la crisis y han pasado de 39.715 en 2008 a los 65.367 registrados en agosto de este año.
