Todos los partidos de Iparralde, donde se incluyen la derecha (UMP) y la izquierda (PS) galas, consideraron ayer que el Gobierno francés presidido por el socialista François Hollande “debe participar en un diálogo con ETA” para abordar cuestiones como la de los presos y el desarme, tal y como reclamó el Grupo Internacional de Contacto un día antes en Donostia. Además, los electos de Iparralde afirmaron que “se debe poner en marcha una comisión de expertos del tipo Verdad y Reconciliación con el fin de arrojar luz sobre los hechos ligados al conflicto”.
En una comparecencia celebrada en Baiona en la que no estuvo el PNB -no fue avisado ni de la elaboración del documento ni de la cita, según aseguraron fuentes jeltzales-, los representantes políticos reclamaron un diálogo del Gabinete de Hollande y Manuel Valls con ETA. Unas conversaciones para las que fijaron, a su entender, tres ejes: dos sobre cuestiones jurídicas referente a presos y refugiados, y un tercero sobre el desarme de ETA.
Entre aquellas medidas que se pueden aplicar sin cambiar el actual marco legal incluyeron el acercamiento de los reos, la puesta en libertad de los graveemente enfermos y los mayores de 70 años, y la “elaboración por parte de las instituciones públicas de un plan de reinserción social de los presos (ayuda al empleo, vivienda, acceso a ingresos de jubilación...)”.
Un paso más adelante y con la vista puesta en el futuro, los firmantes del documento abordaron una serie de medidas que precisan de un “consenso político y de un marco jurídico nuevo”. Aquí se refirieron a la puesta en marcha ad hoc “de una instancia” para decidir diversas cuestiones.
Entre estas, citaron cinco. En primer lugar, determinar “las condiciones de puesta en libertad de los presos condenados que no puedan solicitar una medida de libertad condicional y de los detenidos en espera de juicio que no puedan beneficiarse de una medida de libertad provisional”.
En segundo lugar, “la aplicación a los refugiados de la libertad de elección acerca de su lugar de residencia”. Añadieron además “la suspensión de los procedimientos jurídicos y policiales contra militantes de ETA y la toma en consideración de su situación caso por caso”; “la exclusión de los delitos políticos en la aplicación de la Orden de Detención Europea (ODE)” y, por último, “la puesta en marcha de un régimen transitorio derogatorio en la aplicación de la ODE para los asuntos ligados al conflicto vasco”.
Estas cinco cuestiones derivaron, a su vez, en la propuesta de elaboración “en último término de una ley de amnistía para los asuntos ligados al conflicto vasco”.
Tras abordar las medidas posibles con el marco jurídico actual y al que debería avanzar el proceso vasco, los electos plantearon en presencia del abogado sudafricano Brian Currin y la miembro de Lokarri Aitziber Blanco una de las cuestiones clave de la situación actual: el desarme de ETA.
En el mismo sentido que el fijado por el Grupo Internacional de Contacto como Currin y Ray Kendall en la víspera en Donostia, afirmaron que debe haber un “acuerdo entre el Gobierno y ETA, bajo control internacional, para definir y poner en práctica las condiciones y los procedimientos de desarme y desmantelamiento de las infraestructuras de ETA en Francia”.
Aparte del diálogo entre el Gobierno galo y ETA con las cuestiones ya explicadas, los representantes políticos también versaron sobre las consecuencias del conflicto y la reconciliación, para las que reclamaron “poner en marcha una comisión de expertos del tipo Verdad y Reconciliación con el fin de arrojar luz sobre los hechos ligados al conflicto”.
Según recoge el documento que Jakes Bortayrou (Abertzaleen Batasuna) y Jean-René Etchegaray (alcalde de Baiona, MoDem) presentaron ayer, “la cuestión de la reconciliación debería ser abordada desde el comienzo del proceso de paz y llevada a cabo en el respeto de los ritmos de cada uno de los agentes implicados”. Más aún, “este proceso necesitará el compromiso de los gobiernos”.
En último lugar y en la línea que ya llevó a los representantes políticos de todas las formaciones de Iparralde a reclamar en las calles una Colectividad Territorial Propia -concitó “un consenso político amplio y una fuerte implicación de la sociedad civil”-, aseguraron que “dotar al País Vasco de Francia de un marco institucional específico contribuirá de manera positiva en el logro de una paz duradera”.
El documento fue presentado ayer en Baiona, en presencia del abogado sudafricano Brian Currin, y está firmado por una docena de personalidades de Iparralde como el alcalde de Baiona, el centrista Jean-René Etchegaray; el alcalde de Hendaia y vicepresidente del Consejo General de Pirineos Atlánticos, el socialista Kotte Ecenarro; el concejal conservador de Biarritz Max Brisson; la senadora y exportavoz del Partido Socialista Frédérique Espagnac; y el portavoz de Sortu en Iparralde, Xabi Larralde.
