Parece una maldición. No hay manera de que transcurra una semana sin que nos libremos de la aparición de nuevos escándalos ligados a la corrupción en algunos ámbitos políticos. Episodios todos ellos que, por un análisis simplón y muy demagógico de gran parte de la población, vienen a extender una injusta mancha hacia todo el espectro político. Lo cierto es que cualquier atisbo de noticia positiva que pueda producirse queda eclipsada completamente por esa mancha que algunos se han empeñado en generar y, de manera irresponsable, intentan extenderla para disimular su propia suciedad. El descrédito de la clase política española es evidente y en gran medida es merecido. Tanto como injusto es el extenderlo a las miles de personas que desde la más simple concejalía hasta el extremo institucional más opuesto desempeñan su labor con honradez y honestidad, pero son metidas en ese mismo saco.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, incorporado al caso Bárcenas y referente a la compra y reforma de la sede del PP en Bizkaia a través de una caja B entre 1999 y 2005 ha irrumpido a la vez que la imputación del exministro Ángel Acebes y la baja voluntaria como afiliado del PP de Rodrigo Rato como consecuencia del escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid. Parto de la base de que el principio de presunción de inocencia sigue vigente a pesar de que conductas como las relatadas en el auto del juez Ruz nos repateen las entrañas. También a ellos les asiste ese derecho a la presunción de inocencia, pero ese argumento, que es suficiente para el común de los mortales, desde el que presuntamente roba una cartera a la que presuntamente usa una tarjeta ajena para abonar la compra de un supermercado, no debe ser en absoluto suficiente para quien ostenta cargos políticos de responsabilidad. La ciudadanía merece una explicación.

Esa explicación es más exigible desde el momento en que los implicados en el sumario han trazado su estrategia de defensa en Euskadi tratando de meter a otros en su mismo saco de corrupción, sembrando la sospecha sobre la forma en que otros partidos han adquirido sus sedes, e insultando indecentemente a miles de vascos que con su esfuerzo económico y personal las han hecho posibles. Es más exigible aun cuando todo el PP vasco se ha unido como una piña al circo preelectoral de Javier Maroto, exigiendo que se expulse del sistema a los jetas que esquilman el dinero público. Buena ocasión tienen de predicar con el ejemplo. ¿No son ellos los que han resucitado el lema con el que tratan de engatusar a los incautos y que apesta a fascismo, ese que dice “los de casa primero”? Pues eso, que empiecen por expulsar del sistema a los jetas de su casa. Basta echar un vistazo a diferentes procedimientos judiciales a lo largo de todo el Estado para que tengan un criterio de por dónde empezar. Que la justicia siga su camino, claro que sí, pero que el PP no se escude en ello para seguir sin tomar ninguna medida y favoreciendo, interesadamente, eso que tradicionalmente le ha ido tan bien a la derechona, que la ciudadanía siga alejándose de la política para seguir campando a sus anchas.