Bilbao - El Gobierno Vasco perfila los últimos detalles de su proyecto presupuestario, unas Cuentas que presentará el martes y que comenzará a negociar con los partidos a partir de ese momento. Lakua apuesta por mantener su pacto con el PSE, pero no desdeñará las ofertas que pudieran llegarle desde EH Bildu o el PP. La coalición abertzale ha dado la sorpresa en las últimas semanas al aparcar su histórica pugna por la hegemonía con el PNV ofreciéndose a acordar los Presupuestos con una voluntad “real” y sin un discurso de máximos. Portavoces como Hasier Arraiz o Unai Urruzuno han asegurado que no pedirán a los jeltzales que cambien radicalmente su política económica o que hagan suyo el programa electoral de EH Bildu, sino que plantearán al lehendakari Urkullu que “acabe con los recortes”. Sin embargo, la coalición introdujo en su argumentario la apuesta por otra política fiscal, afinar en la lucha contra el fraude, garantizar el control público de Kutxabank y aparcar las grandes infraestructuras como el tren de alta velocidad, lo que abría la puerta a que pusiera como condición esas cuestiones para empezar a negociar, sobre todo en el caso de la fiscalidad, debate estratégico para EH Bildu. No obstante, ayer aclaró que no condicionará los Presupuestos a la fiscalidad. Su portavoz parlamentario, Unai Urruzuno, aseguró en Gasteiz que está dispuesto a plantear propuestas aunque no cambie la política fiscal de las diputaciones para incrementar los impuestos a las grandes fortunas.

Aunque opinó que para evitar los recortes sería necesario modificar la fiscalidad y que las personas que más ingresos tienen aporten más a las arcas públicas, puntualizó que su coalición es consciente de que esos cambios no están entre las premisas de las que parte el Gobierno. Por ello, aseguró que EH Bildu no pone como condición un cambio en los impuestos, sino que está dispuesta a “poner encima de la mesa” propuestas para, “por lo menos”, mejorar las áreas “en las que los recortes sociales tengan las consecuencias más sangrantes”. En realidad, pactar una reforma fiscal hubiera sido una condición prácticamente irrealizable, ya que quedan poco más de dos meses para que acabe el año y las elecciones municipales y forales de mayo están a la vuelta de la esquina, de modo que las Juntas Generales contarían con un escaso margen de maniobra para avalar esos cambios antes de disolverse.

Además, desde el punto de vista político también entrañaría dificultades, ya que los impuestos son el punto clave del pacto PNV-PSE, ninguna de las dos partes se plantea cambiar el modelo cuando solo lleva un año en vigor, y es el apartado con el que más satisfecho está el socialismo, de modo que pedir un cambio a los jeltzales en ese terreno sería tanto como pedirles que pusieran en riesgo su pacto. Que EH Bildu aparque los impuestos encierra cierta relevancia porque la fiscalidad también es estratégica para la coalición, y porque dejándola al margen abraza el posibilismo y accede a negociar los Presupuestos con lo que hay, con el actual marco de ingresos.

En cualquier caso, que la izquierda abertzale ponga como condición no aplicar recortes tampoco es un debate menor, ya que se presta a discutir qué entiende cada parte por “recortes” y, sobre todo, si lo que pide en el fondo es que Lakua se salte los límites de déficit y deuda impuestos por Europa y Madrid y gaste por encima de lo permitido. El Gobierno Vasco entiende que es ahí donde se verá si la voluntad de EH Bildu es real. Cree que no le puede pedir que incumpla esas normas, entre otras cuestiones porque la propia Diputación de Gipuzkoa gobernada por la coalición también se ha atenido a esos condicionantes para elaborar sus Cuentas. No está claro que EH Bildu no vaya a pedir incumplir esos límites. En el Pleno parlamentario del 3 de octubre, y aunque el lehendakari le ofreció compromisos con los servicios públicos y su plantilla estructural, Urruzuno no entró a considerar su oferta y concluyó que Urkullu aludía a la deuda para justificarse y “seguir haciendo lo mismo”. El límite de déficit se sitúa este año en el 1%, y el próximo se achicará hasta el 0,7%, lo que traducido a euros supondrá contar con 200 millones menos que en 2014.

El gabinete de Urkullu arrancará próximamente las negociaciones -las liderará el equipo del consejero de Hacienda y Finanzas, Ricardo Ga-tzagaetxebarria- sin despejar aún si EH Bildu solo busca adoptar un perfil conciliador con la única finalidad de plantar poco después al PNV y poder atribuir la culpa a los jeltzales por falta de cintura negociadora, o si verdaderamente desea propiciar el acuerdo. En ese sentido, la coalición podría haberse acercado a los jeltzales acentuando su posición contra los recortes para no dejar que el PSE monopolice el discurso social, ya que el socialismo se está moviendo en esa clave en las últimas semanas. Por otro lado, podría estar pensando en reproducir en suelo vasco el esquema de concordia catalán entre CiU y ERC que ha posibilitado avanzar en el proceso soberanista. Con vistas a las elecciones municipales, su acercamiento al PNV también le serviría para tratar de anular a los jeltzales en Gipuzkoa y desactivar a su electorado trasladando la imagen de que, si la sintonía entre ambos es buena, los jeltzales no son una alternativa a Bildu.

estabilidadEl presidente del EBB, Andoni Ortuzar, por su parte, ofreció la disposición al diálogo del PNV para alcanzar la estabilidad institucional y aprobar las Cuentas de 2015, y deseó que el resto de fuerzas pase de las “declaraciones de principios a los hechos, y que esa disposición proactiva al acuerdo fragüe”. Asimismo, aseguró no ver “bloques de gobernabilidad cerrados”, sino que podría haber acuerdos “de diferente tipo”, según sostuvo tras reunirse con el lehendakari Urkullu.

En Radio Euskadi, la presidenta de la Ejecutiva jeltzale en Bizkaia, Itxaso Atutxa, también ofreció al PNV para negociar las Cuentas en todas las instituciones. En esta ocasión, sin embargo, la oferta podría no servir para tentar a los partidos a facilitar la aprobación de los Presupuestos de Urkullu a cambio de la estabilidad en las instituciones que gobiernen ellos, ya que las elecciones municipales y forales serán en mayo y, por tanto, una prórroga en ayuntamientos y diputaciones podría no ser tan dramática.