las leyes y normas jurídicas deben ser interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en que estas han de ser aplicadas Esta máxima jurídica, este principio hermenéutico que debe guiar la labor de los jueces como aplicadores del Derecho ha de adquirir y mostrar toda su potencialidad en el momento social y político que vivimos. Pocos colectivos han sido tan vapuleados, tan manipulados, tan cínica y populistamente tratados, tan menospreciados, tan olvidados y tan utilizados por unos y otros como el de los presos. Algún día deberá hacerse también balance sobre la inercia de una política penitenciaria basada en el castigo, en la venganza, en la provocación, en la irracionalidad punitiva, y ubicada demasiadas veces en la antítesis de un objetivo resocializador y reeducador.

Reivindicar un trato justo, sin agravios y con los mismos derechos a todos los encarcelados puede que para muchos suene a connivencia con ese mundo. Aquí tampoco hay falsas equidistancias, porque en realidad esa exigencia responde a la más pura lógica democrática de reivindicación de igualdad de trato. La obsesión punitiva o sancionadora no permite todo. Hay (o debería existir) un concepto de justicia y unas garantías constitucionales que están vigentes para todos, incluidos, por supuesto, los presos encarcelados por motivos terroristas.

Y no todo el problema deriva de Madrid, del Estado; en este país, en Euskadi, seguimos siendo amigos de crear tribus, de segmentar nuestras preferencias, nuestras empatías y nuestros sentimientos en función de la pertenencia a bandos. Esa orientación, esa querencia hacia la trinchera que nos lleva a encerrarnos en nuestras convicciones y proyectarlas a todas las dimensiones de nuestra vida en sociedad también se extiende a nuestro visión del conjunto de presos.

La generosidad y la mano tendida de la sociedad vasca no tiene por qué quedar supeditada a la escenificación de actos públicos de contricción que siempre acaban instrumentalizados políticamente, sino a un sincero e interiorizado sentimiento ético anclado en el principio de que la violencia no es el camino para la consecución de objetivos políticos.

Conocido es, y se trata de una iniciativa loable, el apoyo de gente y colectivos cercanos a la izquierda abertzale que trata desde hace tiempo de apoyar la reinserción social y laboral de presos tras su salida de prisión: no solo no hay nada que objetar a estas iniciativas, sino que deben valorarse muy positivamente, porque abrir una nueva vida es el comienzo del fin, la irreversibilidad definitiva para superar un pasado convulso, violento.

¿Por qué, entonces, se critica, se analiza con cicatería emocional y se infravalora la iniciativa del Gobierno vasco articulada a través del programa Hitzeman de apoyo a la resocialización de personas presas, centrada en la reinserción y fundada en sólidas bases éticas, democráticas y legales? ¿Por qué se ataca, absurdamente por unos, alegando la falta de competencia del Gobierno vasco para su materialización, cuando la decisión de salida de la cárcel compete a jueces, no a los políticos, y tras la excarcelación las políticas de inserción social son, por supuesto, nuestras, del Gobierno vasco y de la sociedad vasca?

Frente al compromiso y la generosidad necesaria para que prospere este proyecto, frente a la pretensión de aportar cobertura legal, asistencial y material que permita llevar a buen puerto esos procesos de resocialización, cabe preguntarse por qué se aprecia desde ciertos colectivos próximos y de apoyo a los presos un punto de desapego, de distancia, de frialdad frente a esta iniciativa de compromiso tan necesaria como oportuna; ¿será porque no consideran a sus potenciales destinatarios como sus presos? ¿Otra vez caemos en la inercia de apropiación tribal de colectivos, otra vez el recurso al maniqueísmo, los buenos y los menos buenos?

Las personas presas, todas, están llamadas a ser claves en la consolidación de la paz y la convivencia. Ojalá comencemos a apoyar de forma consensuada esta iniciativa. También esto será síntoma de normalización y de justicia.