Gasteiz - El Congreso cerró ayer en tiempo récord el aforamiento del rey Juan Carlos mediante una reforma legal tramitada en solo tres días y a través de una fórmula en la que el PP impuso su mayoría absoluta con el respaldo de UPN y Foro Asturias: modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y atribuir una protección a los miembros de la Familia Real que no tiene ningún cargo público porque afecta a su actividad privada. Con la abstención de PSOE, CiU y CC, y el rechazo de PNV, UPyD, Izquierda Plural y el Grupo Mixto, incluidos Amaiur y Geroa Bai, se reprodujo la discusión sobre la monarquía arremetiendo contra el Ejecutivo por acotar la discusión y por unas prisas que transmiten la intención de querer ocultar algo o proteger personas concretas.

El diputado jeltzale Emilio Olabarria puso el grito en el cielo al sostener que el procedimiento empleado podría ser considerado “nulo de pleno derecho” dado el “brutal forzamiento del Reglamento” al convocar de forma “manifiestamente ilegal” una sesión plenaria sin haber cumplido con los plazos de las fases previas. En ese contexto, se preguntó “por qué se está corriendo tanto” y “qué hay que ocultar”, y por ello entiende que en la ciudadanía se haya interiorizado una “sospecha” y la suspicacia sobre “a quién se quiere proteger y de qué”.

En una línea argumental similar, desde Amaiur, Onintza Enbeita consideró que “algo esconde” esta reforma por la prisa, llegando a afirmar que Juan Carlos I “tuvo tanto que ver con el 23-F como el propio Tejero”, y que calló, “no dijo nada”, mientras “el GAL torturaba”, amén de “haberse forrado” en el cargo”. “Por eso se quieren aforar sus parrandas”, zanjó la portavoz de la formación soberanista, alentando que “cada día nos dan más razones para irnos de este país”.

A la crítica se sumó Uxue Barkos (Geroa Bai), quien censuró que este asunto se trate con las “artes de hurtadilla parlamentaria”; mientras que para el republicano Joan Tardá la monarquía española fue “instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX” -el dictador Francisco Franco- y ahora se “blinda” a Juan Carlos de Borbón “por miedo a la verdad” porque durante casi cuarenta años “ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría cuestionarse en los tribunales”. Gaspar Llamazares (IU) denunció que haya “seres humanos que, cuando dejan su responsabilidad, se conviertan en casi dioses”. “Hay una maniobra palaciega para pasar de los pactos de la Moncloa a un pacto de la Zarzuela”, valoró.

La reforma se remitirá al Senado para su aprobación definitiva en la segunda semana de julio y el aforamiento del rey Juan Carlos será efectivo cuando se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ese momento, todas las causas, penales o civiles, dirigidas contra quien ha reinado durante 39 años -o contra Sofía, Letizia Ortiz y la princesa Leonor- se tramitarán en el Tribunal Supremo.