Palma de Mallorca - Iñaki Urdangarin creó un entramado empresarial para “rentabilizar económicamente” en negocios con entidades públicas y privadas su vinculación con la Casa Real gracias a su matrimonio con la infanta Cristina. Es lo que asegura el juez Castro sobre Urdangarin y su socio, Diego Torres, que se lucraron aprovechando “el área de influencia” en la que supuestamente podía actuar el entonces yerno del rey Juan Carlos.

El instructor del caso Nóos considera que el duque de Palma cometió 25 delitos: cinco de prevaricación, cinco de malversación de caudales públicos, cinco de fraude a la administración y cinco de tráfico de influencias, uno de falsedad de documento oficial, uno de falsificación de documentación mercantil, uno de estafa y dos delitos de fraude a Hacienda. Son ocho delitos diferentes, varios de ellos cometidos de manera reiterada, los que figuran en el auto de 167 páginas. Torres está acusado de los mismos delitos a excepción del de fraude fiscal, ya que solo se le atribuye uno. Sobre los dos socios pesa un embargo de propiedades para garantizar que harán frente a una eventual condena.

El juez dice que Urdangarin y Torres se conocieron cuando el segundo era profesor del exdeportista en una escuela de negocios; que crearon y dirigieron el Instituto Nóos e integraron en él a la infanta Cristina y al secretario de las infantas, Carlos García Revenga para obtener réditos de su proximidad a la Corona. Aunque en 2006 la Casa Real pidió a Urdangarin que se apartara de Nóos a raíz de unas críticas políticas sobre el coste de eventos organizados por el instituto en Baleares, el yerno de Juan Carlos I solo se desvinculó de manera aparente.

Contratos al margen de la Ley El juez explica los pormenores de la actuación presuntamente delictiva de Torres y Urdangarin y las personas que trabajaron para ellos en los servicios que prestaron para las administraciones valenciana, balear y madrileña y los supuestos delitos que cometieron los responsables públicos que les contrataron y sin justificación técnica ni control económico alguno. Castro considera que estos servicios fueron contratados al margen de la ley y que se aceptaron sin más las condiciones económicas “impuestas” por Nóos. Para justificar la percepción de los 6 millones de euros que ingresó Nóos pese a ser una entidad no lucrativa, los socios derivaron todos los fondos a través de un entramado empresarial ideado para ello, cruzaron facturas falsas e hicieron contratos falsos para reducir pagos a Hacienda, afirma el juez. - E.P./Efe