GASTEIZ. El pleno del Parlamento vasco ha aprobado, por unanimidad, el grueso de la proposición de ley reguladora del código de conducta del cargo público y de su régimen de incompatibilidades.
La nueva regulación afecta al conjunto de cargos al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma Vasca entre los que se encuentran el lehendakari, los consejeros, viceconsejeros y personal directivo, el Ararteko y su adjunto, así como los miembros del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, entre otros.
Las diputaciones forales y los ayuntamientos, por su parte, se regirán por sus propias normativas, aunque en el caso de los territorios históricos sí que estarían afectados por algunos de los artículos de la ley.
La proposición de ley fue presentada por el PSE-EE y posteriormente trabajada durante un año en Ponencia parlamentaria, de la que ha salido el texto que este jueves se ha aprobado, y que viene a actualizar a la Ley de Incompatibilidades de 1983 actualmente en vigor.
El texto, que se aplicará a los cargos que juren a partir de la entrada en vigor de la ley, introduce criterios para que los ciudadanos conozcan las actividades de los cargos públicos que acceden a un cargo y también después de su cese.
En concreto, deberán presentar una declaración de las actividades que hayan realizado dos años previos a su responsabilidad pública y también la realizada los dos años posteriores a abandonar el cargo.
También tendrán que presentar una declaración de todos los bienes, derechos y obligaciones patrimoniales antes de desempeñar el cargo y al abandonarlo, durante los dos años siguientes.
No obstante, estos datos sobre los bienes tendrán un carácter reservado y podrán acceder al mismo los consejeros, el Parlamento vasco, los órganos judiciales así como el Ministerio Fiscal.
El Gobierno vasco, por su parte, deberá elaborar un Catálogo de Cargos Públicos que será accesible para la ciudadanía y que tendrá que estar permanentemente actualizado por el Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública.
La ley prevé sanciones 'leves' como incumplir los plazos para registrarlos, que supondrán una amonestación, mientras que las 'graves' y ''muy graves' incluyen la presentación de declaraciones falsas o la no presentación de los documentos que se publicarán en el boletín oficial y pueden tener como consecuencia la destitución o la inhabilitación de hasta diez años.
Si se prevé que puedan ser susceptibles de delito, la Administración debe acudir a la Fiscalía.
EL DEBATE
La parlamentaria del PNV Ana Otadui ha afirmado que esta ley "va a ayudar a recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la política, algo que "buena falta nos hace" y ha recordado los casos de corrupción que se han producido en los últimos años para afirmar que son "los causantes de que la credibilidad de los políticos sea nula".
Sin embargo, ha reivindicado que "no es justo que las malas prácticas de unos pocos pongan en duda el comportamiento de muchas personas que ejercemos funciones públicas" de la misma forma que "sería terriblemente injusto mantener que todos los deportistas se dopan".
"En política ocurre lo mismo: no todos los que nos dedicamos a este noble oficio somos unos caraduras", ha subrayado.
La parlamentaria de EH Bildu Laura Mintegi ha agradecido, "de manera especial", el trabajo realizado por la socialista Idoia Mendia "a la hora de integrar las aportaciones y matices que queríamos introducir del resto de grupos", lo que demuestra que "es fácil alcanzar acuerdos cuando se comparte el objetivo de no dejar ningún resquicio para la corrupción o para usar el servicio público de manera inadecuada".
"El objetivo de todos los parlamentarios debería ser mejorar el bienestar de los ciudadanos, crear una sociedad más libre y justa", ha defendido para recordar a continuación que los parlamentario no estamos sustituyendo a los ciudadanos sino que somos sus representantes".
La parlamentaria del PSE Idoia Mendia ha puesto en valor el consenso "amplio" y la "capacidad de acuerdo" con el que se consigue tener "fuerza legal para impedir que nadie busque en la política beneficios económicos".
"Queremos más controles pero no poner vallas al ejercicio de la política sino que cualquier ciudadano pueda acceder a la política", ha explicado.
Tras recordar que entre los 75 parlamentarios vascos hay perfiles profesionales de todo tipo -trabajadores por cuenta ajena, funcionarios --, ha explicado que con esta norma quieren garantizar que los próximos parlamentos y gobiernos sean así, plurales, con gente que deje de dedicarse a sus trabajos habituales para entregarse a la gestión de lo público en beneficio de la ciudadanía y luego puedan regresar al lugar de donde vinieron.
El parlamento del PP Borja Sémper ha subrayado que se trata de un "buen texto legal, compartido por todos los grupos", que "garantiza elementos de transparencia en el ejercicio de los cargos públicos, así como la eficacia y dedicación de los mismos"".
"Es una medida más, que debe ir acompañada de otras muchas pero que debe reforzar la confianza de la sociedad en quienes ejercen la función pública", ha insistido.
El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha puesto en valor el "buen y profundo" trabajo realizado por los grupos en la Ponencia en el último año, caracterizado por el "diálogo y el acuerdo", en el que se ha incorporado aportaciones de todos los grupos.
"Creo que podemos estar relativamente satisfechos con el contenido de la ley", ha defendido a pesar de mantener varias enmiendas que no finalmente no han salido adelante.
