MADRID - El PP se quedó solo en la Comisión de Justicia del Congreso al aprobar el aforamiento de Juan Carlos de Borbón y de parte de la familia real durante una votación en la que PNV, IU y Grupo Mixto, incluido Amaiur, dijeron no a lo que tachan de “blindaje”, mientras que PSOE y CiU se abstuvieron. Todos los grupos reprocharon con dureza la gestión de la formación de Génova en este tema, coincidiendo en que no era el procedimiento legislativo idóneo y que las prisas solo sirven para “levantar sospechas y desconfianza entre los ciudadanos”; pero la mayoría absoluta popular impidió bloquear la validación de las enmiendas por supuestos errores de procedimiento.

Desde el PNV, el diputado Emilio Olabarria rechazó el “desmesurado” aforamiento, que, según advirtió, “levanta tantas suspicacias que nace viciado por la sombra de la sospecha”, ya que se le provee al rey de uno “de naturaleza universal que es más potente que el previsto para los aforados por la normativa actual”. También el jeltzale Pedro Azpiazu se preguntó si la “celeridad inusual” al tramitar el proyecto de ley que regula el aforamiento de Juan Carlos I responde a la voluntad de “encubrir” algún asunto. “No sé qué es lo que se quiere tapar con este cuestión, habrá que preguntárselo a la Casa Real o al Grupo Popular”, aseguró. Por su parte, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra calificó la iniciativa como un “fraude” para blindar “negocios y correrías” del rey “de las dos caras”, que “juró lealtad a Francisco Franco y después se apuntó a ser un demócrata de toda la vida”. Expresó a su vez sus reservas por la intención del PP de “blindar el pasado, el presente y el futuro” de Juan Carlos y de miembros de la familia real. “Es un despropósito porque además no existen precedentes en la Unión Europea”, zanjó Cuadra.

La abstención socialista se justificó, según su diputada Meritxell Batet, en “las formas y el procedimiento” elegidos por el PP para sacar adelante esta regulación, “sin ningún tipo de consenso” y usurpando la posibilidad de promover en el Congreso el “debate sereno, riguroso y de calado” de una ley orgánica propia para esta cuestión. En nombre de CiU, Jordi Jané lamentó las “prisas” en la tramitación “exprés” que, desde su punto de vista, no hace ningún favor ni a la monarquía, ni a la Cámara Baja, ni a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

un flaco favor En este contexto, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, arremetió contra el aforamiento “extensivo, retroactivo y vitalicio” del rey, que, en su opinión, supone el “blindaje” de la institución monárquica, traslada una imagen de que hay algo que ocultar y hace “flaco favor” a la democracia. A su entender, el aforamiento de Juan Carlos de Borbón es el tercer acto “exprés” y “sumarísimo” de la “operación Gatopardo”, tras la abdicación y la proclamación de Felipe VI, en la que “es necesario que todo cambie para que todo siga igual”.

Y es que el PP introdujo vía enmienda la protección jurídica de los monarcas salientes, de la reina Letizia y de la princesa de Asturias Leonor y su futuro cónyuge en una ley sobre funcionarios judiciales, que regula sus días de asuntos propios, pruebas selectivas y jubilación. Se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, complementaria a la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que tramitaba desde hace tiempo la Cámara baja y es la norma que regula los aforamientos en el Estado español. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará previsiblemente dicha ley mañana para su remisión al Senado, que daría luz verde en pocos días para su inmediata remisión al Boletín Oficial del Estado.