gasteiz - La Comisión de Valoración del decreto aprobado por el Gobierno Vasco para reconocer e indemnizar a las víctimas de abusos policiales estudiará qué efectos puede tener el recurso presentado por la Abogacía del Estado contra esta herramienta, aunque a la espera de lo que dictamine este grupo de expertos la intención del Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu sigue siendo aplicar las ayudas que se han otorgado hasta la fecha.

Así lo aseguró ayer a preguntas de este periódico la directora de Víctimas y Derechos Humanos del Gabinete autonómico, Monika Hernando, quien compareció junto a tres de sus compañeros en la Comisión de Valoración a petición propia para ofrecer -por primera vez- de viva voz el informe semestral de la actividad de este foro.

Tal y como publicó este periódico la semana pasada, Hernando destacó que a lo largo de la presente legislatura han sido 47 los casos de víctimas reconocidos por la Comisión, de los que 30 ya han recibido la correspondiente indemnización. Son estas víctimas de abusos policiales cometidos entre 1960 y 1978, el marco temporal por el que se rige el decreto aprobado la pasada legislatura, las que pueden ver peligrar los apoyos económicos en el caso de que el recurso presentado por el Abogado del Estado sea estimado por los tribunales.

A tenor de la versión ofrecida ayer por la exjueza Manuela Carmena, en calidad de miembro de la Comisión verificadora, está hipótesis no cuenta con excesivos visos de convertirse en realidad. Y es que, según la magistrada jubilada el recurso está basado en razones que describió como “nimiedades” y las diferencias entre el decreto original y el texto definitivo tras las modificaciones realizadas por el actual Ejecutivo vasco son “cuatro cosas” a las que Carmena restó importancia.

Aún así, en el Gobierno Vasco no se fían y aguardan a conocer la valoración que este grupo de expertos ofrecerá en próximas fechas. En este mismo sentido, Hernando asumió que el recurso pone “potencialmente en duda” el trabajo realizado hasta ahora, por lo que reclamó a la Cámara vasca una labor conjunta y en la misma dirección para poner en valor el reconocimiento a este colectivo de damnificados.

En esta misma línea argumental, Carmena vinculó la reacción del Abogado del Estado con “una especie de entorpecimiento del diálogo político”, por lo que emplazó a los grupos políticos a impulsar el diálogo. “Poneos a hablar, pero estas víctimas no pueden seguir sufriendo”, insistió.

Solicitudes. La Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos ha recibido 231 solicitudes, de las que 14 se presentaron fuera de plazo. Se han realizado 119 entrevistas, de ellas 107 durante esta legislatura: 33 en Gipuzkoa, 28 en Bizkaia, 41 en Álava y cinco fuera de la CAV.

Casos. De los 63 expedientes resueltos, 47 corresponden a esta legislatura. En 30 casos ya se han proporcionado las ayudas correspondientes.

Apoyo económico. Las indemnizaciones que contempla el decreto 107/202 van desde los 35.000 euros hasta los 390.000 euros.

Tipología. Se han reconocido 19 casos por fallecimiento, uno por incapacidad absoluta, 12 por incapacidad total, 8 por incapacidad parcial, 12 por lesiones permanentes no invalidantes y cuatro reconocimientos sin indemnización. Se han desestimado siete casos.