Si la abdicación del rey podía tener por objetivo establecer un nuevo escenario para reconducir el proceso catalán, para Santiago Vidal llega tarde. El magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona está redactando junto a otros colegas juristas una Constitución para una hipotética república catalana. Conocido en los medios de comunicación por sus postulados de izquierdas, ha vuelto a situarse ante los focos por la investigación abierta por el Consejo General del Poder Judicial por realizar dicha actividad.

¿La abdicación del rey llega en un momento clave?

-Para salvar la relación entre Catalunya y España llega tarde. Si esta situación se hubiera dado hacia 2010, el nuevo monarca habría tenido la posibilidad de reconducir el proceso de desafección de los catalanes hacia el Estado. Pero la situación actual es insostenible.

¿Qué papel le queda al nuevo monarca?

-Debería actuar como un árbitro imparcial y facilitar la separación entre los dos pueblos. Si trabaja de forma honesta, todos le estaremos agradecidos por haber dado un servicio público que le honrará. Pero, si sigue el camino de su padre, dudo que Catalunya lo acepte como monarca de una hipotética Commonwealth peninsular.

¿Se plantea un escenario en el que una Catalunya independiente comparta monarca con el Estado español?

-Puede ser, eso lo decidirán los catalanes en su momento. De todas formas, compartido o no, a Felipe VI le pronostico un reinado corto, ya que los principios del republicanismo están volviendo con fuerza en todo el Estado español.

¿El texto jurídico que ustedes preparan contempla un modelo de Estado definido para Catalunya?

-Sí, nosotros proponemos una república no presidencialista, es decir, un modelo más similar al alemán que al francés. Pero insisto, la decisión la tomarán los catalanes en el momento que se les consulte sobre ello.

De momento se les consultará, si el Estado lo permite, si desean seguir formando parte de España.

-Exacto. Si una mayoría muy amplia no participa en la consulta y no gana la opción independentista, el borrador que estamos elaborando no verá la luz.

¿Qué mayoría considera que legitimaría la ruptura?

-Es un tema delicado, por lo que consideramos que no menos de dos tercios, es decir, un 66'6% de la población debería participar. No es una cifra desorbitada, estamos alcanzándola e incluso superándolas en los últimos comicios.

Si esto sucede, harán público el documento sobre el que están trabajando.

-Eso es. Nuestra intención es poner el texto a disposición de la ciudadanía y las entidades para realizar una reflexión colectiva en torno a nuestra propuesta. Finalizado este tiempo, recogeríamos las enmiendas, las analizaríamos y elaboraríamos un documento final que pondríamos a disposición de quien tenga el mandato de realizar la futura Constitución catalana.

No son ustedes los únicos que están elaborando bases constitucionales para el hipotético nuevo Estado.

-No, efectivamente. Nos consta que hay más movimientos que trabajan en ello, por ejemplo Procés Constituent, el movimiento liderado por la monja Teresa Forcades y Arcadi Oliveres. Todo el bagaje que tengamos recogido será trabajo avanzado para quien tenga el encargo final de realizar la Constitución. Todo el trabajo es bienvenido.

¿Qué les ha impulsado a redactar una Constitución catalana? ¿Es un encargo?

-La inquietud personal. No se trata de ningún encargo de ninguna entidad, ni partido, ni administración. Somos un grupo de profesionales que en nuestro tiempo libre nos juntamos alrededor de una mesa y discutimos sobre cómo queremos que sea la Constitución de un nuevo Estado que, creemos, está por llegar.

El Consejo General del Poder Judicial no debe pensar lo mismo cuando se le ha citado a usted a declarar por esta actividad...

-Efectivamente, estoy pendiente de conocer el desenlace de la investigación que se me ha abierto por realizar este trabajo. Confío en que la justicia archivará el proceso porque ni yo ni mis compañeros estamos haciendo nada malo ni fuera de nuestras obligaciones como profesionales.

¿Qué es lo que le preocupa al CGPJ?

-Pues, sorprendentemente, se mostraron muy interesados en saber, precisamente, si contemplábamos en nuestro borrador un escenario en el que Catalunya y España compartieran monarca. Pero no se interesaron mucho más por el contenido.

¿Qué características tiene esta Constitución?

-A diferencia de la española, es muy corta y sencilla. No queremos redactar más de 99 artículos que, además, no tendrán ni párrafos ni subartículos. Por mi parte, la separación de poderes y el poder judicial en concreto, se subraya la necesidad de preservar la independencia y de evitar la corrupción.

¿Contemplan medidas concretas?

-Lo hacemos. Por ejemplo, la capacidad de los ciudadanos de promover referendos revocatorios, que significa que pueden pedir la destitución de un diputado o de un regidor que no cumpla con el mandato popular o con su programa electoral.

¿Cómo valora el proceso que está siguiendo Catalunya?

-Muy positivamente, ya que se están siguiendo los pasos de la única jurisprudencia que existe en un caso similar, que es la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia del 22 de octubre de 2010 con el caso de Kosovo. Se está intentando negociar con el Estado español todo lo que se puede, sin perder de vista ni abandonar el mandato popular que dictaron las urnas.

Hemos visto muy pocas veces a Artur Mas y Mariano Rajoy sentados para dialogar.

-Es cierto que el diálogo se ha escenificado poco. Pero también es cierto que se puede negociar poco o nada con alguien que pone condiciones previas como desconvocar la consulta o limita los temas de discusión como ha hecho Rajoy reiteradamente.

De celebrarse la consulta, ¿cuál será el siguiente paso?

-Si se celebra la consulta popular y la gente vota en clave independentista, se abrirá un nuevo proceso de diálogo. La comunidad internacional seguramente empezará a posicionarse y abandonará la neutralidad y ambigüedad en la que navega ahora.

¿Y se declarará la independencia?

-Yo creo que tendremos un período de transición, por así decirlo, que durará entre 3 y 5 años. Durante este tiempo y mientras nos dotamos de un cuerpo legal y de todas las estructuras de Estado que nos faltan, seguiremos bajo la legalidad española.

De 3 a 5 años son muchos años para un período tan inestable...

-No, porque en realidad será una transición pacífica y tranquila. Iremos construyendo progresivamente nuestra normativa y nuestro Estado, y esto requiere un tiempo para hacerlo bien.

¿No contempla una ruptura con la legalidad española?

-Creo, y además así lo deseo, que no habrá ruptura ni antes ni después del 9 de noviembre. En política todo es posible y hay capacidad de entendimiento. Las leyes están para interpretarlas, son herramientas. Nadie puede escudarse en que la ley no permite algo para no resolver un conflicto. Sería un oxímoron que las leyes crearan problemas irresolubles.

¿Y la relación con la Comunidad Europea?

-No hay que perder de vista que nosotros ya somos ciudadanos europeos y no vamos a dejar de serlo. Seguramente en un primer momento no estaremos integrados directamente, pero se negociará una nueva vía, a través de un tratado bilateral. Es posible que durante un tiempo no tengamos comisarios europeos o tengamos voz pero no voto hasta que la situación se normalice.