VITORIA - Los ciudadanos desconfían de la Monarquía. Eso se desprende de los datos publicados ayer por el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), en los que se constata que los españoles otorgan una nota de 3,72 sobre 10 a esta institución, cuatro centésimas más que en la encuesta realizada hace un año cuando obtuvo su peor calificación con un 3,68. Pero no deja de ser la tercera vez en que recibe un suspenso a pesar de los continuos lavados de imagen tras los escándalos en los que se ha visto envuelta en los últimos tiempos. La primera ocasión fue en octubre de 2011, cuando estalló el caso Nóos, en el que está implicado Iñaki Urdangarin, yerno del monarca español.

Para más inri, los datos del CIS vienen a echar por tierra las afirmaciones realizadas la pasada semana por la Casa Real, desde donde señalaron que tras año y medio "al ralentí" la imagen del monarca comenzó a recuperarse a raíz de su asistencia al funeral de Estado que tuvo lugar con motivo del décimo aniversario de los atentados del 11-M y su reciente viaje por países del Golfo Pérsico en compañía de empresarios. Sin embargo, esos sondeos internos no concuerdan con los datos reales. Guardia Civil, Policía y las Fuerzas Armadas son las únicas instituciones que obtienen el aprobado de la ciudadanía.

el paro, el mayor problema Por su parte, lo que más preocupa a la población es el desempleo, mencionado por el 80,3% de los encuestados como primer problema, aunque baja dos puntos respecto al mes anterior. Por contra, ha crecido dos puntos la inquietud que generan los problemas sociales, que pasan del séptimo al sexto lugar del ránking, y la inmigración, que sigue como octavo problema. El segundo puesto sigue siendo para la corrupción (36,3%), y no es de extrañar después de los incesantes casos que asolan paulatinamente. A continuación, la economía centra la disyuntiva de la calle (28%), por delante de la clase política (26%) en la que no confía. Paralelamente, La Iglesia católica ofrece más confianza a los ciudadanos que el Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, las formaciones políticas, las empresas, los sindicatos y el Consejo General del Poder Judicial. - J.N.