bilbao - El fiscal pidió ayer que se imponga una multa de más de 8.600 euros a cada uno de los cuatro acusados de un delito electoral ocurrido el 21 de octubre de 2012 por haber acosado al entonces lehendakari, Patxi López, cuando iba a ejercer su derecho al voto. En el juicio celebrado en Bilbao, López compareció como testigo y relató que aquella jornada electoral, en la que se presentaba a la reelección como candidato del PSE, un grupo de personas le estaba esperando en el interior del aula con pancartas en las que se leía Preso eta iheslariak etxera. El secretario general el PSE denunció que tuvo que realizar "un recorrido incómodo" para coger la papeleta y llevarla hasta la mesa electoral, porque escuchaba gritos justo a sus espaldas, y que observó "forcejeos" entre los escoltas que le acompañaban y quienes protagonizaban la reivindicación en un aula de reducidas dimensiones.
Entonces, añadió López, la presidenta de la mesa del colegio Iruarteta de Bilbao donde debía depositar su voto ordenó a los presentes que abandonaran el aula porque se había creado "una situación muy complicada" y, según señaló, no pudo votar. "¿Le parece poco?", dijo al letrado que defendía a los acusados. "A mí me parece bastante", se respondió a sí mismo López.
Escasos minutos después, pudo acceder a la mesa y finalmente ejercer su derecho al voto, según explicó su esposa, Begoña Gil, que le acompañaba ese día y quien también testificó ante el tribunal. Gil recordó el momento en que la presidenta de mesa, "visiblemente nerviosa", ordenó a los presentes "que salieran del aula porque así no se podía producir la votación". Añadió que no escuchó insultos y que no intentaron agredirles, "pero había una actitud beligerante hacia nosotros", puntualizó, en referencia al "clima" que se había generado por los "empujones y forcejeos", evocó la esposa de López.
Los cuatro acusados, tres hombres y una mujer, se negaron a contestar a las preguntas de la fiscalía y solo lo hicieron en el turno de su abogado. Rechazaron que coaccionaran a Patxi López ya que, según sostuvieron, la suya fue "una protesta silenciosa y pacífica" en la que se limitaron a sostener unas pancartas con la reivindicación del acercamiento de presos. El aula estaba "llena de gente" y "era inevitable el roce" con las personas de seguridad y algunos miembros del PSE que acompañaban a López, según aseguraron.
Dos de los acusados explicaron que, en su condición de apoderados de EH Bildu, se dirigieron a gritos a la presidenta de la mesa "para advertirle de que las personas armadas no pueden entrar" al lugar de la votación, en referencia a los escoltas del lehendakari. En ese momento, Patxi López se giró y les dijo señalando a las pancartas: "Ni se puede hacer esto", según se escuchó en el juicio con la reproducción de las grabaciones realizadas en aquel momento por varios medios de comunicación.
Perturbar el sufragio El fiscal calificó estos hechos como un delito electoral al estimar que los acusados actuaron con la finalidad de perturbar el desarrollo del sufragio activo del entonces lehendakari Patxi López, en concurso con un delito de coacciones. Alternativamente, el Ministerio Público planteó que los hechos fueran considerados como delito por alteración del acto electoral, además del delito de desórdenes públicos, en una modificación de sus conclusiones que hizo que la defensa pidiera un aplazamiento para estudiar esta propuesta. La pena solicitada para cada uno de los acusados es de 24 meses de multa a razón de 12 euros al día, lo cual supone el pago de más de 8.600 euros. La jueza aceptó la petición de la defensa y decidió retrasar el final del juicio al día 30. - Efe