MADRID - El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz confirmó ayer en el Congreso que el Gobierno español ha retirado la subvención a 46 víctimas de los GAL porque "se ha acreditado su pertenencia a ETA". Esta decisión recibió la pasada semana la crítica del catedrático de Derecho Penal de la UPV/EHU Ignacio Muñagorri, para quien el ministro español podría haber incurrido en un delito de prevaricación al haber basado su postura simplemente en informes policiales no contrastados.
En este sentido, la mayoría del PP en el Senado rechazó ayer una moción del senador del PNV Jokin Bildarratz en la que se instaba al Gobierno español a no discriminar a las víctimas. El jeltzale denunció que el Ejecutivo de Rajoy ha tomado esta decisión sin que esté acreditado judicialmente que las víctimas a las que se les ha retirado la subvención pertenecieran a ETA. UPN censuró la "equidistancia" con la que el PNV trata a las víctimas, lo que concitó el frontal rechazo de Bildarratz, que recordó que su formación lleva muchos años trabajando en favor de las víctimas de ETA. - Efe/E.P.
