La semana nos ha traído unos ejercicios de transparencia política a los que no estamos demasiado acostumbrados. Lo triste es que este nudismo llegue siempre tarde, cuando las dimisiones y los ceses son ya una realidad. Podemos poner nombres propios, como el de Txema Urkijo o el de Itziar Nogueras, pero lo realmente significativo son las maneras, el método. Y de eso se ha ocupado el Gobierno Vasco al anunciar la nueva Ley de Administración Pública que va a remitir al Parlamento.
Supongo que ese proyecto legislativo va a levantar algunas ampollas y espero que su fase de tramitación sirva para afinarlo aún más. Un primer problema lo planteó Juan Ignacio Pérez Iglesias en la charla de Onda Vasca y tiene que ver con el sueldo de los funcionarios. Argumenta el ex rector que a él no le da la gana de que todos conozcamos sus ingresos y que las envidias y los problemas que ello puede generar poco tienen que ver con la transparecia de la Administración Pública. Ya tenemos un primer elemento de debate.
Pero en líneas generales, creo que el proyecto va bien encaminado sobre todo en un momento donde el descrédito de la política se ha convertido en un "problema" según reflejan todas las encuestas de opinión. Eso no significa que lo sea. Es más, soy un firme defensor de eso que llamamos "clase política" porque sin su vocación de servicio público nuestra democracia no funcionaría y el espacio que ahora ocupan sería invadido por intereses menos nobles. Pero claro, todo es susceptible de mejoras y hacía apunta la nueva ley propuesta.
En cualquier caso, son los hechos y no las leyes las que marcan los límites. Y ahí, así como la Ley navarra quedó coja porque no recogía efecto alguno en caso de que se vulneraran códigos éticos, en la Comunidad Autónoma Vasca se optó por separar la transparencia de la administración de los casos susceptibles de sanción. La segunda parte ya está en marcha a través de la Comisión Ética formada al efecto por el gabinete de Urkullu y ha tenido como consecuencias ceses inmediatos de altos cargos. Faltaba por rematar la segunda y va camino del Parlamento.
Urkijo. Parecía ser un secreto a voces que no había sintonía entre el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, y el asesor Urkijo. Pero lo cierto es que tras escuchar las explicaciones de ambos queda una extraña sensación porque siendo coincidentes las versiones en puntos concretos, se adivina algo más que diferencias metodológicas.
Para Urkijo, además de esas diferencias que también expuso Fernández, lo que hay detrás es un cambio de orientación del Gobierno Vasco respecto a las víctimas. Son palabras mayores y su marcha, con el acompañamiento en persona de Marixabel Lasa, no ha sido precisamente discreta. Me ha sorprendido de quien debe hacer de la discreción una parte importante de su valor profesional. Y si iba a ser indiscreto, no vale tirar la piedra y esconder la mano. Es necesario explicar en qué advierte él ese cambio y haberlo hecho antes de que lo cesaran. No después.
Nogueras. Más ruidosa aún ha sido la salida de Itziar Nogueras de la Oficina de Donostia 2016. De su gestión durante siete meses sabemos muy poco, salvo el rosario de nombramientos y dimisiones y la filtración a un periódico de parte del proyecto (con poca, o nula, sustancia). Desconozco, porque nadie sabe nada de esta costosa oficina más allá de quienes la integran, a qué se dedican exactamente y cómo manejan los dineros públicos de las instituciones del Patronato.
Por eso, no me atrevo a evaluar el trabajo de Nogueras, porque se han encargado de que la ciudadanía no tenga acceso a una información necesaria para poder tomar partido. No me ha gustado su forma de salir, su pataleta, su reparto de culpas a diestro y siniestro hacia partidos, instituciones y compañeros. A veces uno tiene la sensación que lo difícil no es acceder a un cargo (su llegada fue muy por decirlo suave "peculiar") sino saber marcharse dignamente. ¿Qué hace una dimitida opinando sobre cómo debe ser el futuro de la entidad que acaba de abandonar? Incomprensible.
Pero sería injusto culpar nominalmente a quien fue nombrada por un patronato, que es el verdadero responsable de este desaguisado y de la pérdida tiempo y dinero de un proyecto ambicioso que se está convirtiendo en una pesadilla. Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco y Ministerio español han demostrado una incapacidad manifiesta para trabajar conjuntamente y con rigor. Si Nogueras no valía cuando dimitió ¿por qué no la cesaron antes? ¿porque le rogaron hasta el último minuto que permaneciera?
Donostia 2016 no hubiera pasado jamás el listón que marca la futura ley anunciada esta semana por el Gobierno. Por eso sería conveniente que se tomara nota de lo que no funciona bien y empezar a corregir determinadas actuaciones opacas sin esperar a que se redacte una normativa.
