Puede que el problema de la corrupción en Europa sea generalizado, pero el primer informe anticorrupción publicado ayer por la Comisión Europea revela que el Estado español es uno de esos países donde los casos se multiplican y la corrupción política está a la orden del día, donde los mecanismos de control del gasto público a nivel regional y local dejan mucho que desear y donde el riesgo en la contratación pública, especialmente en la construcción y las basuras, es elevado.
Aunque el informe sobre España no menciona a la Casa Real, sí se hace eco -aunque no con nombres y apellidos- de los casos más sonados: el del extesorero del PP Luis Bárcenas, Gürtel, los ERE de Andalucía, las ITV en Catalunya o los procedimientos contra dos expresidentes de Caja Madrid. Siembra dudas sobre la financiación de los partidos políticos, al constatar que durante años recurrieron a préstamos que engordaron su deuda -227 millones en 2007- y apuntalaron sus vínculos con cajas de ahorros cuyos consejos de administración se vieron "cada vez más influidos por los partidos". Y tacha de "insuficientes" los controles del gasto porque existen redes de "clientelismo" sin que el Gobierno haya hecho nada.
La Comisión Europea va más allá y propone al Estado español que tome medidas. En concreto, propone una auditoría externa anual para cada partido, supervisar los riesgos asociados a las donaciones procedentes de empresas que tengan contratos con el Estado, y proteger a quienes destapan presuntas irregularidades.
