GASTEIZ. El PP de la CAV sigue tratando de atraer para sí a los exiliados por la violencia de ETA, un colectivo cuyo apoyo podría resultarle crucial en el contexto de una cita electoral. Así lo dio a entender la formación popular cuando, a comienzos de 2012, presentó una iniciativa para que todas aquellas personas que han abandonado Euskadi por la amenaza de la banda terrorista pudieran participar en las elecciones autonómicas. En la misma línea, ahora ha propuesto reservar un cupo de viviendas de protección oficial para los integrantes de este colectivo que quieran regresar al País Vasco.

La parlamentaria Nerea Llanos fue la encargada de desgranar ayer las 177 enmiendas parciales que su grupo ha presentado a la proposición de Ley de Vivienda que se tramita en el Parlamento Vasco. Una de las mismas consiste en crear un cupo de VPO para las víctimas del terrorismo exiliadas que deseen retornar a sus lugares de origen una vez ETA ha decretado el cese definitivo de su actividad. Aunque en 2012 el presidente del PP vasco Antonio Basagoiti cuantificó a este colectivo en 219.664 personas -que se habrían dado de baja del padrón en los últimos 13 años por el "acoso, exclusión y amenaza de ETA"-, diversas instituciones y asociaciones estiman que en la actualidad podría estar formado por entre 45.000 y 60.000 personas.

Pese a contar con el total respaldo del Gobierno español de Mariano Rajoy, competente porque se haría necesaria una reforma de la Ley Electoral, esta medida no llegó a tiempo para las pasadas elecciones autonómicas, en octubre de 2012. "Si se llega a estas elecciones bien, de no ser así, para las siguientes", afirmó pragmático Basagoiti. Una posición que no compartía el entonces portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Josu Erkoreka, que calificó la propuesta del PP como "un intento de manipular el mapa electoral de Euskadi".

"Bastaría con que una sola persona no hubiera podido ejercer libremente su voto para que la iniciativa tuviera sentido", opinó en julio de 2012 el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Tanto se implicó el PP estatal en este proyecto que convocó a una veintena de expertos que avalaron sus pretensiones. Los populares plantearon que, para ejercer el voto en las elecciones vascas, bastaba con acreditar cinco años de residencia en la CAV con posterioridad al 15 de junio de 1977 y realizar una declaración en la que se atestigüe un desplazamiento por la presión de ETA.