La dispersión, en entredicho, no vislumbra su final

Euskal presoak Euskal Herrira. El lema, todo un clásico en la banda sonora de las manifestaciones de la izquierda abertzale, cuelga de ventanas y balcones en retazos de tela blanca condenados a amarillear. Al menos así lo auguran algunos de los expertos consultados por este periódico, quienes no vislumbran en un horizonte cercano el fin de la dispersión de los presos de ETA, iniciada por el Gobierno español hace ya 25 años.

A finales de los años 80, antes de que el socialista Enrique Múgica impulsara, como ministro de Justicia, esta polémica medida, los presos de la organización armada se concentraban en las cárceles de Alcalá Meco (Madrid) y Herrera de la Mancha (Ciudad Real), mientras que las mujeres cumplían condena en la prisión de Carabanchel. El panorama, un cuarto de siglo después, nada tiene que ver. Fruto de la dispersión, según el balance realizado por el colectivo de familiares Etxerat, "388 presas y presos políticos vascos se encuentran en 45 cárceles españolas", mientras que solo seis están internos en centros penitenciarios vascos. Las prisiones de Andalucía albergan a la mayoría de presos de este colectivo y cerca de 300 están encarcelados a más de 700 kilómetros de Euskal Herria.

Xabier Etxebarria > Profesor

"Se ha extendido el error de que acercarlos sería un pago a ETA"

Vuelta la vista a 1989, año en el que el Gobierno español comenzó a diseminar a los presos de ETA, cabe recordar cuáles fueron los argumentos que esgrimieron para justificar tan drástica decisión. "Siempre se ha dicho que el objetivo era debilitar al colectivo de presos, su capacidad de control de los mismos, con el fin de favorecer procesos individuales de reinserción a partir de un desmarque personal de ETA. Durante un tiempo parece que tuvo alguna eficacia, pero ahora mismo creo que consigue el efecto contrario", considera Xabier Etxebarria, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto.

Con los artículos 25 de la Constitución Española y 12 de la Ley Orgánica General Penitenciaria subrayados en fosforito, Etxebarria recuerda que "legalmente el principio general es el cumplimiento de la pena en el lugar de reinserción y lo contrario sería la excepción a justificar". Por ello, defiende, "una vez que la dispersión ya no consigue reinserciones, lo suyo sería el acercamiento, pero entra en juego la consideración política de que mantener la dispersión es un elemento de presión para lograr la disolución de ETA y, por otro lado, se ha extendido el error de que acercar a los presos sería algún tipo de pago a ETA por dejar de matar o síntoma de algún tipo de negociación".

Pese a que durante el mandato de Zapatero se abrió la espita de los beneficios penitenciarios a presos disidentes de la organización armada, Rajoy parece haberla sellado sine die. Las razones, especula Etxebarria, podrían ser varias. "O bien no hay una definición clara de política penitenciaria, o esta no es prioritaria, o bien hay mucha presión al Gobierno desde un sector de su partido, algunas víctimas y miedo a perder votos por ahí o bien falta visión estratégica". En cualquier caso, augura, "mientras se mantenga este Gobierno parece que el acercamiento dependerá de la disolución y/o el desarme".

Asier Blas > politólogo

"Hasta que no se autodisuelvan el Gobierno no dará pasos"

Tampoco el politólogo Asier Blas, para quien la dispersión "no es una práctica muy ortodoxa desde el punto de vista de los Derechos Humanos", pronostica cambios a corto plazo. "La dispersión desde el principio ha sido un arma política y, como el final de la violencia de ETA ha sido una especie de rendición, no parece que el Gobierno español, hasta que no sea una rendición absoluta en la que se autodisuelvan, vaya a dar ningún paso", estima. Sobre todo, añade, "porque tiene una presión mediática en España por parte de sectores y medios de comunicación de ultraderecha que lo dificulta mucho".

Tras recordar que, "incluso Aznar, en la época de Lizarra-Garazi, intentó dar algún paso en este sentido de acercar presos", el profesor de la UPV/EHU marca distancias con la coyuntura actual. "Ahora la situación política es mucho más delicada para el PP porque tiene problemas gordos, como el de la economía y el sufrimiento social que se está expandiendo, que hacen que evite cualquier movimiento en otros temas que pudiera crearle problemas".

A la hora de explicar el inmovilismo de Rajoy también hay que tener en cuenta, apunta Asier Blas, las distintas visiones que se tienen dentro y fuera de Euskadi. "Aquí hay una percepción más generalizada de que lo propio sería que el Gobierno diese pasos y facilitase que ETA siguiese dando más pasos para su disolución. En este sentido, el acercamiento de presos podría ser un paso sencillo, amparado por la legalidad, que no conlleva ningún tipo de problema para el Gobierno. Pero esa es la percepción en Euskadi. En el resto del Estado yo creo que la mayoría de la gente vería un paso de este tipo de forma negativa", expone el politólogo. Dos razones explicarían, a su juicio, este rechazo al acercamiento de presos. "Por una parte, hay mucha gente que desde finales de los 90 está haciendo victimismo y viviendo alrededor de la violencia y esto se ha sedimentado en la sociedad española. Además, se ha reforzado el nacionalismo español con mayúsculas. Esto también lo meten en esa pugna entre nacionalismos periféricos y nacionalismo español y creen que puede ser otro paso más en la rendición del Estado español", concluye.

J. álvarez > Amnistía Internacional

"Sirva o no sirva para algo, no es en ningún caso admisible"

"Las normas de Derechos Humanos no se pueden utilizar como moneda de cambio". Así de rotundo se expresa el coordinador de Amnistía Internacional en Euskadi, Jesús Álvarez, quien subraya que "el Gobierno está obligado, por aplicación del Derecho Internacional, a mantener a las personas presas, si lo solicitan individualmente y es posible, cerca de su lugar de residencia habitual". Contravenir este mandato, sea cual fuere el rédito, ni lo contemplan. "En un Estado de Derecho no vale todo. La dispersión no es admisible en ningún caso, sirva o no sirva para algo", censura Álvarez. Pese a los toques de atención de Naciones Unidas, "que está diciendo constantemente a España que está incumpliendo obligaciones en materia de Derechos Humanos, el Gobierno se resiste a hacer los cambios necesarios", censura el coordinador de Amnistía Internacional. Por eso, insta una vez más al Gobierno español a que promueva el acercamiento de presos "ya, no gradualmente, ni sometido a condiciones".

Familiares de presos > Etxerat

"Las consecuencias quizá más duras las sufrimos nosotros"

Cada familia realiza una media de 63.599 km al año para visitar a su allegado y gasta en estos desplazamientos 19.653 euros. Además de "la sangría económica" de la dispersión, Etxerat denuncia el coste humano. "Dieciséis familiares y amigos han muerto en las carreteras cuando iban o volvían de una cárcel. La dispersión ha causado innumerables accidentes y daños, pero las consecuencias físicas van más allá. Las largas horas de viaje y las condiciones en que se realizan, las horas de espera para acceder a la visita, la tensión? minan la salud de los familiares, además de las situaciones de acoso que sufrimos", denuncian desde el colectivo.

Los presos, por su parte, "sufren el aislamiento social, ya que se les separa de su entorno social, cultural y afectivo, pero también el aislamiento del grupo. En algunos casos, aunque el preso esté en Euskal Herria, puede estar aislado de otros compañeros presos políticos", añaden. No obstante, concluyen, "las consecuencias quizá más duras, físicas y psicológicas, las sufrimos nosotros".

La dispersión, en entredicho, no vislumbra su final

Expertos y familiares de presos reflexionan sobre esta medida que el Gobierno español implantó hace 25 años

Manifestación celebrada en Bilbao para pedir el acercamiento de presos de ETA a Euskal Herria. Foto: Zigor Alkorta