BILBAO. Enero y Bilbao se han convertido ya en un binomio que para muchos se traduce en una cita ineludible en la defensa de los derechos de los presos. Este año no será diferente y el día 11 está convocada en la capital vizcaína una movilización que, una vez derogada la doctrina Parot -con la que han quedado en libertad 63 reclusos (56 del EPPK)-, centrará su reclamación en poner fin a la dispersión que afecta a 527 presos, de los cuáles 218 están a más 800 kilómetros de sus casas. Un "castigo" para los presos y sus familias que "hoy más que nunca carece de sentido" en un contexto de resolución del conflicto.
La marcha de Bilbao, a diferencia de años anteriores, no será una manifestación al uso sino "una ocupación del espacio público" realizado por todas aquellas personas que consideran imprescindible que el Gobierno cambie la política penitenciaria y termine con las medidas de excepción que se aplican a los presos vascos. Será una movilización que durará todo el día en diferentes zonas de la ciudad y que tendrá su punto álgido a las 18.30 horas. No habrá pancarta, ni declaraciones de políticos sino que lo que se pretende es poder sumar el mayor número de voluntades posibles, todas aquellas que más allá de la interpretación que hagan del pasado, consideren necesario avanzar en esta materia para que el proceso de paz siga su curso.
Para ello, durante los últimos meses se ha puesto en marcha el movimiento ciudadano Tantaz-tanza (Gota a gota) que mediante el símil de que muchas gotas componen un mar imparable, pretende articular todas las voluntades que estén por el cambio. El movimiento, que se visualizó por primera vez precisamente en las calles de Bilbao tras la operación policial contra Herrira, pretende tomar las calles el día 11 y que esta cita sea solo el principio de un trabajo conjunto que termine por obligar a los estados a desbloquear la situación de los presos.
En cifras A pesar de los movimientos que se están dado desde muchos sectores, y con especial relevancia desde el sector de los presos que el sábado emitieron un comunicado en el que, entre otras cuestiones reconocían el daño causado y asumían la legalidad vigente, el Gobierno de Rajoy mantiene su enroque y continua sin hacer ningún movimiento para desbloquear la situación. Tras el comunicado cabe esperar que los presos comiencen a pedir de forma individual el acercamiento a las cárceles de Euskal Herria y para ello el respaldo ciudadano que reciba la movilización de Bilbao será de gran importancia.
El inmovilismo del Gobierno, que parece superado por los acontecimientos, mantiene dispersados a 527 presos con el coste personal y económico que eso supone para las familias y allegados de los reclusos. De ellos, 77 están en cárceles situadas entre 1.000 y 1.100 kilómetros; 141 a una distancia de entre 800 y 1.000 kilómetros; 117 en prisiones entre 600 y 800 kilómetros; 96 entre 400 y 600, 80 a menos de 400 kilómetros; 6 en cuatro países alejados y tan solo 5 en prisiones de Euskal Herria. Además 10 reclusos están enfermos y siguen presos y otros muchos sufren duras condiciones como el aislamiento durante su condena.
Todas estas cuestiones se mantienen por la política penitenciaria de excepción que aplica el Gobierno y su fin reclamarán las miles de gotas que conformen el mar por los derechos humanos, la resolución y la paz del día 11 en Bilbao.
