madrid. Solamente la sangría del desempleo consigue desbancar a la corrupción de la lista de problemas de los ciudadanos del Estado español, atónitos ante la proliferación de casos que, asimismo, terminan por ahondar en el descrédito de la clase política. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado noviembre, el paro es citado por el 77,7% de los encuestados, seguido por la lacra de las corruptelas, con el 31,8% -siete décimas más que en el anterior sondeo-, superando incluso a las preocupaciones de índole económica, con el 31,1%. No es de extrañar que ello incida en la inquietud que provocan los políticos y los partidos, mencionados por un 29,7%, completando el ránking de preocupaciones la sanidad (13%) y la educación (11,8%), en pleno debate sobre la ley Wert.

Si una aplastante mayoría de interpelados califica la situación política de mala o muy mala (81,2%) -apenas un 1,8% dice que es buena o muy buena-, ello obedece en buena parte a que personajes como el extesorero del PP Luis Bárcenas, encarcelado en Soto del Real, laminan la confianza de la ciudadanía, hastiada de informaciones sobre presuntas redes de corrupción como la del caso Nóos, que afecta directamente a la Casa Real; los fraudulentos ERE de Andalucía que tocan de lleno a la Junta; la trama del Palau; el cerco a las cuentas de UGT; el caso Matas, cuyo juicio expiraba con el fiscal acusándole de "mentir" después de conocerse que había negociado con un empresario hotelero un contrato de trabajo y el sueldo a abonar a su esposa; o la presunta financiación irregular del partido que lidera el Ejecutivo español y, por extensión, la red Gürtel que encabezaba Francisco Correa, y que beneficiaba a personas como la actual ministra de Sanidad Ana Mato y a su exmarido Jesús Sepúlveda. De hecho, Gürtel anotó como "cobro ficticio" los viajes que sus empresas pagaron al exalcalde de Alcorcón y a la dirigente popular. La primera nota, que dice textualmente "cobro ficticio 12/12/03", acompaña un listado de viajes por valor de 18.111,90 euros que habría realizado Sepúlveda solo y en ocasiones junto a su esposa y uno de sus hijos. El segundo listado, escrita a mano la expresión "cobro ficticio. Caja Blasco 2001", contempla desplazamientos y gastos de hotel por valor de 1.967,02 euros. Así, los listados reflejan que las empresas de Correa sufragaron entre el 9 de febrero de 2001 y el 13 de noviembre de 2003 viajes en avión desde Madrid a Dublín, Tenerife, Santiago de Compostela o Jerez de la Frontera, billetes de tren a Sevilla o estancias en el parador de Mérida.

Esta desazón y náusea de la sociedad respecto a este asunto, reflejado en el barómetro del CIS, quedó corroborado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2013 de la ONG Transparencia Internacional (TI), donde el Estado español ha retrocedido hasta el nivel de hace quince años, despeñándose desde el puesto número 30 al 40 en el escalafón global de 177 países debido a la indignación provocada por todos estos casos. El informe achaca el desplome, con una nota de 59 sobre 100, al elevado número de presuntos escenarios irregulares en este apartado y el relevante eco social de los escándalos, que han "influido intensamente en la percepción ciudadana, generando un estado de indignación generalizado".

excesiva impunidad Además, por primera vez, España -segundo país donde la percepción sobre el nivel de corrupción más ha subido en un año, solo por detrás de Siria- se encuentra en el pelotón de cola de la Unión Europea, en el puesto 19 entre los 30 países comunitarios, y con peor nota que Polonia, Portugal o Chipre. La "preocupante conclusión", según Manuel Villoria, miembro del Comité Ejecutivo de la organización, es que el Estado "se desliza por la pendiente de la corrupción", que la corrupción política es muy alta con escándalos en todas las instituciones, incluso en la Casa del Rey, y que no se está atendiendo a la gravedad del problema porque se adoptan medidas a medias. Es decir, que ni se persigue lo suficiente y que existe demasiada impunidad al respecto.

En los partidos ha pervivido la convicción de que esto no tiene incidencia en el voto y que las elecciones se ganan de igual modo, como lo constatan demasiados ejemplos en comunidades como Madrid, Andalucía, Valencia y Baleares. Las formaciones han sido incapaces de alcanzar un acuerdo para regenerar la vida política en el Estado, más allá de la aprobación de la Ley de Transparencia, que además salió adelante sin el consenso de todos los partidos.