bilbao. El espionaje político fue el eje central de la intervención a puerta cerrada del general Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el Congreso de los Diputados. A lo largo de las más de dos horas que duró su intervención ante la Comisión de Gastos Reservados, Sanz Roldán aseguró que el organismo que él dirige no ha espiado a políticos, ni "sale de caza utilizando atajos o ilegalidades". Saenz Roldán restó validez de este modo a las sospechas que la víspera había expresado el diputado de Amaiur Rafa Larreina, quien solicitó la comparecencia ante el Congreso de la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Saenz de Santamaría, para que aclarara una información publicada el pasado domingo por El País en la que se señalaba que el servicio español de inteligencia mantiene un seguimiento a dirigentes abertzales "como un objetivo permanente". Larreina, sin embargo, no pudo trasladar sus preguntas al director del CNI puesto que tanto Amaiur como ERC están excluidas de la Comisión de Gastos Reservados, ya que la mayoría del PP en el Congreso no "considera idónea" la presencia de ambas formaciones en la misma.

Según informaron posteriormente fuentes parlamentarias, Sanz Roldán aseguró en su comparecencia que todas las comunicaciones que interceptan los servicios secretos españoles -alrededor de un millar al año- se hacen con previa autorización judicial y están debidamente motivadas. El jefe de los espías españoles manifestó que si un juez se niega a autorizar una escucha, el CNI no tiene nada que hacer. Del mismo modo, garantizó que el límite para los servicios secretos es la Constitución en lo que respecta al derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones.

Al término de la sesión, los portavoces de PP, PSOE, IU y UPyD aseguraron sentirse "satifechos" con las explicaciones que había dado el director del CNI, quien pese a su afirmación de que no se ha espiado a políticos sugirió que el Congreso, "por seguridad", se dote de un sistema antiescuchas.

antecedentes Pese a las declaraciones del director del CNI, el espionaje a fuerzas políticas resulta un hecho constatable a lo largo de la historia. Así, en marzo de 1989 se descubrió en el piso superior a la sede de HB de Gasteiz una estructura de espionaje ilegal de las conversaciones y comunicaciones de la formación de la izquierda abertzale. Los dos jefes del Cesid, Emilio Alonso Manglano y Javier Calderón, fueron condenados por estos hechos por la Audiencia de Gasteiz y absueltos después por el Tribunal Supremo. El único condenado, el agente Mario Cantero, fue indultado por el Gobierno Zapatero.

Años más tarde, en 2003, el grupo del PNV en el Congreso sospechó que los teléfonos de su despacho estaban intervenidos. Uno de los agentes de la comisaría de la Cámara baja revisó la instalación y dijo que no había observado nada raro. El entonces diputado Iñaki Anasagasti señala en su libro Agur Aznar que le preguntó por el hecho a un dirigente del PSOE. "Por supuesto que os han puesto escuchas, pero digáis lo que digáis, denunciéis lo que denunciéis, nadie os hará el menor caso" fue la respuesta.