Bilbao. Si la reunión entre la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, y el PNV, ya se interpretó como un desaire al PP de la CAV por no contar con la presencia de Arantza Quiroga y porque el partido desconocía los contenidos concretos del encuentro, los recientes acuerdos entre los jeltzales y el Gobierno español podrían comprometer aún más la apuesta de los populares vascos por hacer valer su capacidad de interlocución con Madrid. Aunque el Gobierno vasco y el partido de Andoni Ortuzar siguen topándose con serias dificultades a la hora de negociar con el Ejecutivo español la Ley de Cupo o la de Acción Exterior, sí han evitado que la reforma local afecte a la CAV y, anteayer mismo, cerraron el acuerdo sobre la Ley de Cajas para blindar la obra social de Kutxabank. Temiendo quizás que el papel de su partido pueda quedar desdibujado, Quiroga minimizó ayer las gestiones del PNV sobre la Ley de Cajas, y reivindicó, por el contrario, la "influencia" del PP de la CAV. Las negociaciones sobre la norma se remontan al pasado año y, en concreto, cabe señalar como punto de inflexión la sesión de control del Congreso del 19 de diciembre, en la que Mariano Rajoy se comprometió a trabajar conjuntamente con el PNV ante la Unión Europea a preguntas del jeltzale Aitor Esteban. Los contactos se multiplicaron a partir de entonces, e implicaron al PNV, al PP, al Gobierno español y a las cajas vascas. El debate también estuvo sobre la mesa en las dos reuniones de Ortuzar con Sáenz de Santamaría. Los jeltzales y Madrid trataban de blindar la obra social de las cajas, que la troika puso en la cuerda floja al exigir que las fundaciones bancarias dedicaran parte de sus beneficios a nutrir un fondo de reserva con el que hacer frente a las contingencias, lo que rebajaría el dinero disponible para la obra social. El PNV y el Gobierno español propusieron que el fondo lo creara el banco y no las cajas que lo componen, para preservar esos fines sociales, pero la troika lo rechazó. Anteayer acordaron que BBK evitara verse obligada a crear el fondo, pero a costa de reducir su participación en Kutxabank en siete puntos. Sin embargo, dispondrá de cinco años para no malvender sus acciones. Quiroga, por su parte, opinó en Radio Popular que el acuerdo "habría salido exactamente igual" sin que el PNV participara en él porque el PP goza de mayoría absoluta en el Congreso. "Pero es más, la propuesta del PNV no era viable. Con el trabajo del Ministerio de Economía es como ha salido adelante y, además, es viable", dijo. El PP vio limitada su capacidad de influencia en Euskadi tras las elecciones autonómicas del pasado año, ya que ha pasado de sostener y condicionar al Gobierno de Patxi López, a quedar relegado a un segundo plano en el Parlamento, donde sus escaños no bastan a Urkullu para aprobar los Presupuestos ni gobernar con tranquilidad. Aunque gestiona plazas relevantes como la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz, lo hace en minoría, y muchos interpretaron que se sumó a última hora al pacto fiscal para evitar una prórroga presupuestaria en ambas instituciones, aun a cambio de renunciar a varios de sus postulados en materia de impuestos.