Bilbao. El conflicto entre UDC y CDC, las dos federaciones que sustentan a la coalición CiU, a cuenta del informe de agravios del Gobierno español elaborado por el Govern, siguió sumando ayer nuevos capítulos. El conseller de la Presidencia, Francesc Homs, aseguró "no entender" las críticas vertidas por el líder de UDC, Josep Antoni Duran i Lleida, al informe que recopila los incumplimientos del Estado con Catalunya, ya que "hasta ahora había defendido lo contrario. Él debe saber por qué lo dice".
El dirigente democristiano y portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados se ha situado en el centro de esta controversia al asegurar en primer lugar que no fue informado de la redacción del citado informe de deslealtades. Respecto a su contenido, afirmó que los 9.375 millones de euros de deuda que contempla no se ajustan a la realidad, ya que, según él, solo se pueden reclamar los 750 millones de la disposición adicional tercera del Estatut. Todo ello aderezado con advertencias directas sobre la posible ruptura de la coalición.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, respondió ayer a Duran con un doble argumento: por un lado, destacó que todos los miembros del Govern participaron activamente en la redacción del informe, incluyendo a los de UDC. Como ejemplo de ello puso a la vicepresidenta del Govern y dirigente de dicha formación, Joana Ortega. Además, defendió que todas las cantidades que recoge el informe son deudas que el Estado debe satisfacer: "Hay deudas que son más inmediatamente exigibles y otras que se pueden exigir quizás con un poco más de plazo, pero todo son deudas, de una forma u otra".
Así, Mas indicó que los 759 millones de euros, que no pagó ni el anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni el actual, Mariano Rajoy, forman parte de estas deudas "inmediatamente exigibles", pero las otras anualidades derivadas de la disposición adicional tercera -que fija criterios de inversión del Estado en infraestructuras en Catalunya- son también deudas que Moncloa "debería asumir en algún momento".
Pese a estas afirmaciones, Josep Antoni Duran i Lleida se mostró firme en su postura. Insistió en que "sí que he dicho sobre la disposición adicional tercera, ahora y siempre, que el amparo legal sólo lo tenemos para reclamar 759 millones de euros del año 2008 por el acuerdo de la Comisión Bilateral". Reiteró a su vez que no conocía el informe de agravios, señalando que "soy el presidente de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y me habría parecido lógico ser consultado para redactar el documento".
Sobre la situación en el seno de CiU, dijo que la federación "es un gran invento y no sería bueno que se rompiera", aunque añadió que "defiendo su vigencia, pero no la eternidad. No hay nada humano que sea eterno". En un tono conciliador, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, consideró una "anécdota" las críticas de Duran al Gobierno catalán por no haberle informado sobre el informe acerca de los incumplimientos del Ejecutivo español. "El hecho de que seguramente yo no envié con suficiente antelación el documento a Duran lo sitúo en una anécdota", afirmó la consejera de UDC.
Romper la convivencia A este debate se sumó ayer el vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, quien afirmó que "los dirigentes de Cataluña, con Artur Mas a la cabeza, están hundiendo Cataluña y eso nos importa mucho, porque está acabando con el futuro de muchos catalanes, está enfrentando a familias y amigos y está siendo un elemento que rompe la convivencia". Criticó que Mas "ha dejado de ser el presidente de todos los catalanes para serlo solo de los independentistas, y en lugar de resolver los problemas de la crisis, se esta ocupando de los problemas de la independencia".
