MADRID. "Nuestro deseo es volver a Euskal Herria a continuar trabajando por el proceso de paz, para que tengamos más pronto que tarde un marco de paz y de democracia, que es con lo que estamos trabajando desde la izquierda aber-tzale". Con estas palabras, pronunciadas por Karmelo Landa a las puertas de la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, se presentaron ante este tribunal especial los encausados en el macrojuicio de las herriko tabernas, en el que 36 miembros de la izquierda abertzale se sientan en el banquillo acusados unos de integración en ETA y otros de colaboración con la banda.

Landa, para quien el fiscal solicita diez años de prisión, ejerció de portavoz de los procesados en el sumario 35/02 y denunció lo que calificó como "macroproceso político" que no tiene razón de ser en la nueva situación que arrancó con la Conferencia de Aiete -de la que ayer se cumplieron dos años- y el posterior comunicado de ETA -tres días después- en el que anunció el fin definitivo de sus actividades. En este sentido, Landa hizo suya la intervención de una comisión de juristas el pasado miércoles en el Parlamento Vasco, que calificó esta causa como "un disparate anacrónico y distorsionado que nunca debería haberse iniciado".

El portavoz de los encausados se refirió asimismo al otro macrojuicio que se está celebrando esta semana en la Audiencia Nacional, el sumario contra 40 jóvenes acusados de pertenencia a Segi. Landa aseguró que alguien tendrá que explicar por qué existe este interés en celebrar ahora estos macroprocesos, al tiempo que señaló que, en los once años transcurridos desde que se iniciaron las diligencias, "no se ha aportado nada nuevo en las inculpaciones iniciales, que se realizaron cuando trabajaban en colaboración el entonces presidente José María Aznar, su ministro del Interior Mayor Oreja y el entonces juez Baltasar Garzón".

Ausencia de Otegi Entre los asistentes al juicio se encontraban la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza; y los presidentes de la AVT y Dignidad y Justicia, Ángeles Pedraza y Daniel Portero, respectivamente, asociaciones que ejercen la acusación popular.

Antes del inicio de la sesión, Ángeles Pedraza consideró una "vergüenza" que Arnaldo Otegi no se siente el banquillo de los acusados. La Audiencia Nacional decidió excluir del sumario 35/02 al exportavoz de Batasuna al estar ya condenado por el caso Bateragune, ya que el delito que se le imputaba en este caso era el mismo. Pedraza destacó la importancia que, según su opinión, tiene este juicio. "Tan grave es apretar el gatillo como recaudar fondos y hacer posible que una organización terrorista se siga financiando para cometer asesinatos", manifestó.

Acusación colectiva El alegato inicial del Ministerio Público fue una sucesión de acusaciones colectivas, sin ahondar en concreto en los delitos que se imputan a cada uno de los procesados.

Esta actuación está en consonancia con el auto que instruyó el juez Garzón, que acusó de forma colectiva de pertenencia o colaboración con ETA a los responsables políticos de Herri Batasuna, Batasuna y Euskal Herritarrok, las tres marcas con la que transitó la izquierda abertzale hasta que fueron ilegalizadas por el Tribunal Supremo en marzo de 2003. Hay que recordar que este proceso lo inició Baltasar Garzón en abril de 2002, año en el que ETA mantenía vigente su actividad violenta, con la detención de once personas. En agosto de aquel mismo año, Garzón ordenó el cierre de 75 herriko tabernas -al final han sido 110 las que están integradas en el sumario- por su supuesta financiación de ETA.

Tras seis años de instrucción, y once años después de las primeras diligencias abiertas por el exjuez de la Audiencia Nacional, los encausados se han sentado en el banquillo de los acusados.