BARCELONA. La Generalitat catalana presentó ayer un informe sobre "deslealtades" del Estado que cuantifica el impacto presupuestario de los incumplimientos del Gobierno español hacia Catalunya en un total de 9.375,7 millones de euros. La cifra es una de las principales conclusiones de un extenso informe de 50 páginas que analiza "deslealtades" desde el Estado en varios ámbitos, como la cultura y lengua catalana, la conflictividad institucional, el modelo de financiación o el reparto de objetivos de déficit, entre otros, y que el Govern cree que generan desigualdades sociales porque afectan a la situación financiera de sus arcas.
El conseller de la Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, trasladó el balance titulado La deslealtad del Estado respecto a Catalunya, que la Generalitat enviará al Gobierno del PP, con disposición a discutir presencialmente con el Ejecutivo de Mariano Rajoy el contenido del informe en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat o "en el formato que quieran". "Esperamos que -en el Gobierno español- se analice, que se cumpla y si no se comparte, que se diga", señaló Homs, quien defendió el estudio como un "ejercicio de transparencia" que, en el diagnóstico de las relaciones entre ambos ejecutivos, "no nos da miedo hacer".
Preguntado por si este informe puede acabar en un "choque de trenes" entre Estado y Generalitat, Homs levantó el estudio asegurando que "esto es un tren que ha pasado por encima", y vaticinó que incluso la presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, compartiría las conclusiones del citado documento. Asimismo, alertó de que se han "cronificado" las deslealtades del Gobierno español, que se remontan a la época de José María Aznar (1996-2004) y que han sido "corregidas y aumentadas" en los últimos años. "Nos dicen desde el Estado que el diálogo se debe hacer desde el cumplimiento de la ley, ¡pues que empiecen!", espetó el portavoz, quien acusó a Madrid de "incumplir de forma sistemática sus propias leyes" y vulnerar el "principio de lealtad institucional" con la Generalitat.
Según Homs, el Estado no aporta los recursos que debería en ámbitos como infraestructuras, educación, becas o servicios a la dependencia. El informe incluye, por ejemplo, el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha provocado en la última década la pérdida de 120.000 becas en Catalunya. La Generalitat, que no descarta trasladar este informe a agentes internacionales, cuantifica en 9.375,7 millones la cifra con la que, según Homs, "el Estado cumpliría la ley" si se abonara al Govern, aunque no ha concretado desde cuándo se inician estas deudas. La cantidad incluye 5.748 millones de inversiones en infraestructuras, 672,6 millones de reducción de ingresos finalistas procedentes del Estado, 1.715,2 millones de medidas estatales que suponen incrementos del gasto y 1.239,9 millones de medidas estatales que suponen un descenso de ingresos. El informe también critica el reparto del déficit y alerta del incumplimiento "sistemático" del llamado principio de ordinalidad -mantener la posición en el ránking de las comunidades autónomas entre lo que se aporta y lo que se recibe-, después de que en el año 2011 Catalunya quedara como la tercera comunidad en aportación y la décima en cuantía recibida del Estado español.
El estudio denuncia igualmente decisiones del Estado orientadas a "menospreciar" la lengua catalana -como la negativa a usar esta lengua ni en organismos estatales ni internacionales-, el sistema educativo -la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa- o la cultura -caída en un 46% de la inversión o los llamados papeles de Salamanca-. El documento también hace referencia a otras acciones en contra del estatus político de Catalunya como la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut, el rechazo de Rajoy al pacto fiscal y la declaración de soberanía del Parlament suspendida por el TC.
no es cuestión de cromos Paralelamente, el president Artur Mas advirtió ayer al presidente Rajoy de que lo que está en juego en Catalunya no es "un cambio de cromos" sino dar una respuesta madura y democrática a las demandas de los catalanes, por lo que reclamó poder celebrar la consulta. En declaraciones a la prensa tras realizar la tradicional ofrenda floral en la tumba del expresidente de la Generalitat Lluís Companys -fusilado por el franquismo el 15 de octubre de 1940-, avaló que lo que corresponde ahora es canalizar esa demanda ciudadana "a través del mejor mecanismo", que, a su juicio, es ir a las urnas.
De igual forma, lamentó que las palabras de Aznar contra la ola soberanista están cargadas de "intransigencia, intolerancia y beligerancia" hacia Catalunya y sus aspiraciones democráticas. El expresidente español había llamado a "poner fin al desfalco de soberanía nacional" que lleva a cabo el "nacionalismo", algo que para Mas es "una demostración de que, tras 35 años de democracia, las instituciones del Estado tienen una mentalidad intolerante".
"Nos dicen desde
el Estado que el diálogo se debe hacer desde el cumplimiento de la ley, ¡pues que empiecen!"
"Las deslealtades se han cronificado desde la etapa de Aznar y han generado desigualdes sociales"
francesc homs
Portavoz del Govern
