Vitoria

a la espera de lo que suceda con los 18 responsables de Herrira detenidos el pasado 30 de septiembre y puestos en libertad tres días después por el juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional -cuatro de ellos tras haber depositado 20.000 euros de fianza cada uno-, la próxima semana arrancarán los que, en un principio, se consideraban los últimos dos macrojuicios contra lo que exjuez Baltasar Garzón acuñó como "entorno de ETA". Mañana lunes, 40 jóvenes de los cuatro territorios de Hegoalde se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional acusados de pertenecer a Segi. En este sumario 8/10, la Fiscalía pide un total de 240 años de prisión, seis por cada uno de los acusados. Tres días después, el jueves 17 -fecha en la que se cumplirán dos años de la Conferencia de Aiete, preludio de la declaración de ETA en la que anunciaba el fin de su actividad armada-, dará comienzo el macrojuicio contra Batasuna y la derivada de las herriko tabernas. En esta ocasión se sentarán en el banquillo 36 personas, para los que piden un total de 334 años de prisión. Además, están citados a declarar los responsables de 118 herriko tabernas.

El macrojuicio contra Batasuna se celebrará once años después del inicio del sumario 35/02, cuando en abril de 2002 fueron detenidas once personas. Posteriormente, el juez Baltasar Garzón decretó el embargo de 75 herriko tabernas. En agosto de aquel año 2002, el exmagistrado de la Audiencia Nacional inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna, al argumentar la integración de este partido en el "complejo terrorista ETA, KAS y Ekin". El 26 de agosto, Garzón emitía un auto en el que decretaba la suspensión de todas las actividades de Batasuna. El 2 de septiembre de 2002 el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo la demanda de disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, las tres marcas con las que había transitado hasta entonces la izquierda abertzale. El 27 de marzo de 2003, el Supremo dictaba sentencia declarando ilegales a las tres formaciones, ordenó la cancelación de sus inscripciones en el Registro de Partidos Políticos y la apertura de un proceso liquidacional de sus bienes patrimoniales.

Tras casi seis años de instrucción del caso, el exjuez Garzón concluyó en abril de 2008 el sumario procesando a un total de 41 militantes de la izquierda abertzale. Once años después, siete de las personas que inicialmente estaban incluidas en el sumario han quedado excluidas del mismo. Jon Idigoras, fallecido en 2005; Josu Urrutikoetxea, que se encuentra huido; y Jon Salaberria, preso en el Estado francés, fueron las primeras en desaparecer del sumario. El pasado mes de julio, la Audiencia Nacional decidió excluir a otras cuatro personas, entre ellas Arnaldo Otegi, líder de la izquierda abertzale y exportavoz de Batasuna. Otegi fue condenado a diez años por el caso Bateragune -reducidos posteriormente por el Supremo a seis años y medio- por "pertenencia a banda terrorista". En este sumario de Batasuna, la Fiscalía pedía para él doce años de prisión por "integración en banda terrorista en calidad de dirigente". La Audiencia Nacional consideró que ya había sido juzgado y condenado por ese mismo motivo, por lo que lo excluyó del sumario. Por idéntico motivo quedaron fuera José Luis Elkoro -sentenciado por el caso Bateragune-, Joseba Mikel Garmendia -juzgado y absuelto en el caso Udalbiltza-, e Imanol Kortazar, que cumple condena en el Estado francés por pertenencia a asociación de malhechores, delito análogo a la militancia en banda armada.

A lo largo de estos once años se han barajado diversas teorías. Según diversos informes de la Guardia Civil, Batasuna financiaba a ETA a través de las herriko tabernas. Sin embargo, en otro momento de la instrucción, las investigaciones caminaban en sentido contrario, que era ETA la que financiaba a la organización política Batasuna con la intermediación de las herriko tabernas. Lo cierto es que, al final, la tesis de Garzón, "el todo es ETA", es la que ha prevalecido para llevar a estas 36 personas al banquillo de los acusados.

La Fiscalía reclama para dos de los encausados, Rufi Etxeberria y Joseba Permach, la mayor petición de pena, doce años de prisión, acusados de integración en banda armada en calidad de dirigentes. Para otros veinte imputados, entre ellos Karmelo Landa, Joseba Álvarez o Floren Aoiz, el Ministerio Público solicita diez años de prisión; mientras que para los 17 restantes la petición es de ocho años de cárcel.

En el juicio, que comenzará con la declaración de Joseba Álvarez, Joseba Permach e Idoia Arbelaitz, se sentarán en el banquillo actuales dirigentes de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria, Joseba Permach y Joseba Álvarez, y quienes fueron en su día miembros de la Mesa Nacional de Herri Batasuna como Floren Aoiz, Adolfo Araiz, Josu Iraeta, Antton Morcillo o José Antonio Egido. Algunas de las personas acusadas están ya totalmente apartadas de la primera línea de la vida política.

Manifiestos de solidaridad A lo largo de los últimos meses se han sucedido las iniciativas de apoyo a los encausados en este macrojuicio. Así, el pasado mes de julio un grupo abogados, juristas, catedráticos universitarios y periodistas firmaron un escrito en el que calificaban el juicio como un "disparate en el actual momento histórico", además de "un error, un desfase y un obstáculo para la construcción de una convivencia democrática". El profesor de Derecho Penal Rafa Sainz de Rozas y el excatedrático de Ciencia Política de la UPV/EHU Periko Ibarra leyeron dos manifiestos en los que denunciaban que se pidan "elevadas penas de prisión" a "unos dirigentes políticos y a unos militantes de unas organizaciones políticas que eran legales en el período de los hechos enjuiciados". También censuraban que estén encausados en base exclusivamente a informes policiales que, "sin ningún apoyo probatorio, construyen una especulativa historia". Entre los firmantes del escrito se encontraban el abogado Txema Montero, el decano del Colegio de Abogados de Bizkaia, Nazario Oleaga, o el coordinador de la red Lokarri, Paul Ríos.

Más reciente en el tiempo, la pasada semana, medio centenar de personas ligadas a la política, el sindicalismo, la cultura y la comunicación en Álava presentaron un manifiesto de apoyo a los encausados en este macrojuicio, en especial a los tres alaveses que se sentarán en el banquillo: Antton Morcillo, Kepa Gordejuela y Santi Hernando. Entre los firmantes se encontraban el exconsejero de Justicia del Gobierno vasco Joseba Azkarraga, la también exconsejera Anjeles Iztueta, el ex Celedón Iñaki Landa, el exparlamentario del PSE en la Cámara vasca Oskar Rodríguez o el montañero Juanito Oiarzabal. En el escrito firmado por estas personalidades se reclamaba "el cese de la aplicación del derecho penal de los contrarios a que la paz se asiente en el País Vasco" . Azkarraga, que fue el encargado de poner voz al manifiesto, recordó que el sumario 35/02 se inició en 2002 y denunció que "la dilación indebida de una sentencia en torno a este caso desprestigia una justicia que merezca tal nombre". Para los firmantes, "el Estado está abusando de su poder de manera inaceptable", porque -señalaron- "la prueba contra los imputados es inexistente ya que se basa en informaciones policiales inconcretas centradas en la militancia de estas personas en Herri Batasuna cuando era legal".

El macrojuicio contra Batasuna se alargará, como mínimo, hasta febrero del próximo año. En un principio está previsto que las declaraciones de los 36 encausados tengan lugar entre el presente mes de octubre y noviembre. Posteriormente tendrán que declarar los responsables civiles de las 118 herrikos y sociedades que han sido citados, así como las personas que deberán comparecer ante el tribunal en calidad de testigos, tanto por parte del Ministerio Público como de las defensas de los encausados.

Redada en 2009 Tres días antes de que dé comienzo el juicio contra Batasuna, arrancará el juicio contra 40 jóvenes acusados de pertenencia a Segi, por lo que la Fiscalía pide 240 años de prisión, seis para cada encausado. El exjuez Baltasar Garzón declaró ilegal esta organización juvenil en febrero de 2002 por considerar que "perseguía los mismos fines que ETA". La mayor parte de estos jóvenes que se van a sentar en el banquillo -un total de 34- fueron detenidos en una operación policial llevada a cabo el 24 de noviembre de 2009 por orden del magistrado Fernando Grande-Marlaska, una redada en la que tomaron parte 650 agentes de la Policía y la Guardia Civil. Todos ellos ya en libertad, pasaron en prisión provisional entre uno y dos años, y 32 de los arrestados denunciaron haber sufrido torturas durante el tiempo que permanecieron incomunicados en dependencias policiales. La detención de estos jóvenes originó una manifestación multitudinaria en Bilbao en la que decenas de miles de personas marcharon tras una pancarta en la que se podía leer: Todos los proyectos, todos los derechos.

Segi, que se constituyó oficialmente en junio de 2001 en la Asamblea Fundacional celebrada en Navarra, tomaba el testigo que había dejado la ilegalizada organización Haika, a quien también Baltasar Garzón dejó fuera de circulación. Tras ser declarada ilegal en febrero de 2002, Segi anunció oficialmente su disolución en junio de 2012. A través de un comunicado, la organización juvenil aseguraba que tomaba esa decisión tras un debate interno "profundo y autocrítico".

En un principio el tribunal de la Audiencia Nacional ha fijado nueve citas para la celebración de este juicio (14, 15 y 16 de octubre; 25, 26 y 27 de noviembre; y 9, 10 y 11 de diciembre). Sin embargo, el tribunal no ha especificado cómo continuará el proceso hasta su finalización.