BILBAO. El fiscal del caso pide seis años de cárcel para Jabyer Fernández y cuatro para su hermana por sendos presuntos delitos de insolvencia punible en su modalidad de alzamiento de bienes, en concurso con otro de insolvencia punible en modalidad de concurso culpable, según el escrito de calificación al que ha tenido acceso EFE.
El ministerio público considera probado que ambos imputados son responsables de haber provocado la quiebra de Iurbenor al haber trasladado a otras empresas del grupo Afer, en el que también participaban, el dinero obtenido de la venta de los terrenos de la antigua Sefanitro, en Barakaldo, destinado a pagar una deuda fiscal con la Hacienda vizcaina.
Iurbenor era la promotora inmobiliaria impulsada por Iurbentia y Fonorte (ambas sociedades del Grupo Afer) para el desarrollo del proyecto urbanístico Puerta Bilbao, asentado sobre los antiguos terrenos de Sefanitro en Barakaldo (Bizkaia), en los que se pretendía levantar 2.000 viviendas.
En el marco de la crisis económica, Iurbenor se vio obligada a vender su participación en estos terrenos a La Caixa y la BBK en enero de 2009.
Esta venta generó 12,3 millones de euros en concepto de capital principal y un IVA por importe de casi 43 millones de euros, que no se ingresó en la Hacienda foral vizcaina.
En abril de 2009, Iurbenor solicita a Hacienda el aplazamiento de pago de la citada cantidad alegando falta de liquidez transitoria en la sociedad después de hacer frente a los pagos de acreedores de su actividad ordinaria y a inversiones, necesitando unos periodos de tiempo mayores para materializarla y generar la liquidez necesaria.
Hacienda deniega el aplazamiento del pago en una resolución de mayo de 2009 notificada a Iurbenor el 2 de junio de ese mismo año.
El fiscal considera que Javier Fernández, en su calidad de administrador único de Irubenor, destinó el dinero obtenido con la venta de los terrenos de la antigua Sefanitro al pago de deudas de entidades vinculadas, por importe de 16 millones de euros, y al pago de deudas con terceros, por importe de otros casi 12,5 millones.
El acusador público señala además que Jabyer Fernández, "con el propósito de no satisfacer la deuda (fiscal) mantenida con la Diputación de Bizkaia", dispuso, "por sí o a través de (su hermana) Susana Fernández, entre el 20 de febrero de 2009 y el 7 de agosto de 2009", de otra cantidad de casi 27 millones de euros.
Ésta se destinó a "asistir" financieramente a Fonorte Inmobiliaria-Residere Proyectos, otra compañía del grupo Afer a la que los imputados estaban vinculados.
El contrato de asistencia financiera celebrado entre ambas fue suscrito por Jabyer Fernández, en representación de Iurbenor, y por su hermana Susana, en representación de Fonorte Inmobiliaria-Residere Proyectos.
El fiscal estima que "la finalidad real del contrato de asistencia financiera era la de destinar las cantidades que Residere Proyectos obtuviese a las empresas del grupo Afer mediante la realización de sucesivas transferencias bancarias".
El principal encausado, así mismo, efectuó transferencias de fondos en marzo de 2009, por un total de 8,5 millones de euros, a otras tres empresas del grupo Afer por la adquisición de acciones de la compañía Habidite Technologies Alonsotegui SA, propiedad de Iurbentia y Fonorte.
Después del "vaciado" de la caja de Iurbenor, esta promotora inmobiliaria solo conserva en su patrimonio, en copropiedad con la sociedad municipal Eretza de Barakaldo, el 25,69 % de una finca de 2.506 metros cuadrados de los terrenos de Sefanitro, valorada 288.338 euros.
Dada la imposibilidad de abonar la cantidad adeudada a la Hacienda Foral, la cual, el 7 de septiembre de 2009 ascendía ya a 52,4 millones de euros, Iurbenor presentó solicitud de concurso voluntario, lo que se declaró en un auto de 15 de septiembre de 2009.
Jabyer Fernández ya fue condenado en noviembre de 2011 por el juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao a diez años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y a cubrir "personalmente" el déficit patrimonial de la empresa Iurbenor.
A partir del próximo martes, se enfrenta a la vertiente penal de este caso, que está previsto que se prolongue en la sección sexta de la Audiencia de Bizkaia hasta el 8 de octubre y en el que están llamados a declarar más de 20 testigos y varios peritos.
