vitoria. El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, se unió ayer al club de los barones díscolos del PP anunciando, en el contexto del debate sobre política general de la Comunidad Valenciana, su compromiso de bajar los impuestos antes de que acabe la actual legislatura. Asimismo, el sustituto de Francisco Camps, anunció un total de 26 bonificaciones fiscales que se aplicarán durante el ejercicio 2014.

Fabra, durante su intervención en el debate que ayer comenzó en el parlamento regional aseguró que se aprobarán "nuevas rebajas de impuestos". Entre ellas, destacó una nueva deducción autonómica en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IPRF) por obras de reforma de vivienda; una bonificación del 100% del impuesto de Actos Jurídicos Documentados para que las empresas pueden refinanciar sus deudas y una bonificación para jóvenes emprendedores que eliminará el coste fiscal de préstamos y créditos para adquisición de sus sedes y locales empresariales.

El jefe del gobierno valenciano aseguró por otra parte que en 2014 los presupuestos serán "más reducidos", pero anunció que se destinarán más de 10.200 millones de euros "para seguir manteniendo la excelencia en la sanidad, una educación pública de calidad y las mejores prestaciones posibles".

Asimismo, indicó que se incluirá un plan extraordinario de infraestructuras sociales, dotado con más de 500 millones de euros, que tendrá en cuenta "las necesidades sanitarias, educativas, judiciales y las infraestructuras educativas, judiciales y de abastecimiento".

También destacó que en el próximo ejercicio se aprobará la Ley Valenciana del Patrocinio, Mecenazgo, Donación y Colaboración Público Privada "para incentivar la aportación del sector privado en actividades de interés general".

Por otro lado, anunció un plan estratégico en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Server), así como un "nuevo plan de oportunidades" que contará con un presupuesto de cerca de ocho millones y contemplará medidas "de choque" para incentivar la contratación de desempleados por parte de ayuntamientos y empresas.