Pekín. El exdirigente chino Bo Xilai fue condenado ayer a cadena perpetua, tras ser declarado culpable de los delitos de aceptación de sobornos, malversación de fondos y abuso de poder, una sentencia que, a todas luces, pone fin a su carrera pública. El Tribunal Intermedio de Jinan, que en agosto celebró el juicio contra el exmiembro del Politburó chino, descartó los argumentos presentados por la defensa e impuso a Bo la cadena perpetua por aceptar sobornos valorados en 20,44 millones de yuanes (2,4 millones de euros).

El tribunal, que le encontró también culpable de malversación de fondos públicos, le impuso además una pena de quince años de prisión por esto, así como otros siete años por abuso de poder. Las tres penas se cumplirán de manera simultánea. El exsecretario general del Partido Comunista en Chongqing verá también confiscadas sus propiedades personales y pierde de por vida sus derechos políticos.

La sentencia supone un duro golpe a las esperanzas de Bo, de 64 años, de relanzar en algún momento su carrera política. Si bien existe la posibilidad de que se le conmute la pena por buen comportamiento, es altamente improbable que esto suceda antes de que pase al menos una década de prisión. En una carta a sus familiares divulgada la semana pasada, Bo había declarado su convencimiento de que "algún día" su nombre quedaría limpio. Hasta entonces, aseguró, tomará ejemplo de su padre, Bo Yibo, un alto dirigente chino purgado durante la Revolución Cultural, y "esperaré tranquilamente en la cárcel".

El exministro de Comercio y exgobernador de la provincia de Liaoning tiene diez días, a partir de mañana, para apelar, según las leyes chinas. Pero aunque lo haga, las probabilidades de que su apelación prospere son ínfimas en la práctica. Al hacer pública la sentencia ayer, el tribunal rechazó sistemáticamente los argumentos de la defensa, que alegaba que Bo había confesado originalmente sus delitos bajo presión y que el testimonio de su esposa, Gu Kailai, era inaceptable porque ella padece un desequilibrio mental.

La corte consideró los testimonios de los empresarios Xu Ming y Tang Xiaolin, de los funcionarios Wang Zhenggang y Wu Zhenghan y del antiguo número dos de Bo y exjefe de Policía de Chongqing, Wang Lijun, como suficientemente corroborados por las pruebas.