Madrid. El PP rechazó ayer en el Congreso de Los Diputados una proposición no de ley de Esquerra Republicana (ERC) en la que se instaba al Gobierno Rajoy a perseguir e ilegalizar grupos de extrema derecha. Tras el ataque de un grupo ultra a la delegación del Govern catalán en Madrid, ERC emplazaba al Ejecutivo español a controlar y perseguir a los grupos fascistas que actúan en el Estado y a velar por que se inicien procesos judiciales para disolver las asociaciones ilícitas, incluidos los partidos políticos que promueven el odio y la discriminación por razón de ideología y creencias.
El diputado de ERC Joan Tardà, encargado de la defensa de esta propuesta, comenzó su intervención recordando y condenando el asalto ultra a la librería Blanquerna y, a renglón seguido, mostró su "preocupación" por este tipo de actos que, a su juicio, suponen "un renacimiento de ideas e ideologías fascistas", ya olvidadas.
Todos los grupos coincidieron en reconocer la gravedad de esta circunstancia y, por parte del PSOE, el diputado Germán Rodríguez señaló que el ataque ultra a la delegación catalana en la capital española "no fue una chiquillada". "Fue un ataque fascista", enfatizó. Desde CiU, el diputado Feliu-Joan Guillaumes destacó que "el fascismo es, seguramente, el mal absoluto sobre la tierra". Por ello, afirmó que los nacionalistas catalanes ya han propuesto, y antes del ataque a Blanquerna, una modificación del Código Penal para "castigar este tipo de actos".
Sin embargo, el ponente del PP, Vicente Ferrer, aseguró que su formación siempre se mostraría dispuesta a aprobar una proposición no de ley que colabore en la lucha contra todo tipo de movimientos fascistas "pardos o rojos", pero no en función de una propuesta de estas características porque "se daría por bueno algo que es completamente falso".
Derecho a secesión En este contexto, el ministro español de Asuntos Exteriores, Juan Manuel García Margallo, aseguró ayer en París que si se diera en el Estado francés el caso de Catalunya, la respuesta de las autoridades sería la misma que ha dado el Gobierno de Rajoy.
García Margallo aseguró que aprovechó su comparecencia ante la comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional francesa para explicar la posición del Gobierno español sobre la situación de Catalunya. A su juicio, nadie en Francia se plantearía el derecho de secesión para Bretaña o Córcega, y reconoció que el hecho de que los diputados de la comisión le hayan preguntado sobre Catalunya muestra que "el tema preocupa". García Margallo añadió que todos los interlocutores europeos con los que ha hablado coinciden en que "no es una buena noticia para Europa", y en que "cualquier parte del territorio que se separa de los Estados miembros, no es que sea expulsado, es que queda automáticamente excluido de la Unión Europea".
Al mismo tiempo, Mariano Rajoy volvía a defender ayer el diálogo como "el mejor instrumento para la búsqueda de soluciones a los problemas", al tiempo que exigía a Artur Mas, que, en la negociación abierta sobre las reivindicaciones catalanas, actúe con "responsabilidad, lealtad institucional y respeto al marco jurídico" vigente.
Rajoy respondía de este modo en el pleno de control del Congreso a una pregunta del portavoz adjunto de CiU en la Cámara Baja Pere Macias, quien le interpeló sobre la respuesta que piensa dar el Ejecutivo español ante el "éxito" que supuso la cadena humana celebrada en la pasada Diada.
