Bilbao. Acusados de colaborar con ETA, el exjefe superior de la Policía Nacional en la CAV, Enrique Pamiés, y el exinspector de ese mismo Cuerpo, José María Ballesteros, se sientan hoy en el banquillo de la Audiencia Nacional. Lo hacen para responder por el caso Faisán, un chivatazo que en el año 2006, y en pleno proceso negociador del entonces presidente Zapatero con ETA -con Rubalcaba como ministro del Interior-, echó supuestamente por tierra una operación policial contra el aparato de extorsión de la banda armada, abriendo a posteriori una profunda polémica, en el plano político y también judicial, en el seno de la lucha antiterrorista del Gobierno español.

Los hechos se remontan al 4 de mayo de 2006. Fue ese día cuando, siempre según los escritos de las acusaciones, Ballesteros, que entonces era inspector de la Brigada de Inteligencia de la Policía Nacional en Araba, acudió al bar Faisán -que se encuentra a escasos metros de la muga, entre Irun y Behobia- para entregar un teléfono al dueño del establecimiento, Joseba Elosua.

La voz al otro lado del móvil cedido a Elosua -tildado de miembro de la red de extorsión de ETA por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- era supuestamente de Pamiés, que avisaría de que la Policía Nacional tenía perfilados todos las detalles para cerrar una investigación, denominada Operación Urogallo, con la que pretendía dar un efectivo golpe al aparato de extorsión de la organización armada con la detención de José Antonio Cau Aldalur, un personaje considerado clave en la principal fuente de financiación de la organización armada.

La operación se desactivó tras 8 minutos y 11 segundos de conversación entre Pamiés y Elosua que, a tenor de las investigaciones policiales, ese mismo 4 de mayo de 2006 tenía una cita con Cau Aldalur para entregarle 54.000 euros. La Fiscalía señala al exjefe de la Policía Nacional en suelo vasco como la persona que sopló lo que se cocía. La operación podía tener consecuencias en la situación política de entonces: ETA y Gobierno español negociaban al amparo de un alto el fuego decretado solo un mes antes. Siempre según esa versión, consciente de la importancia de la comunicación, Elosua se habría montado en su coche con su yerno y acudió a Francia para reunirse con Aldalur en un bar de Baiona apenas media hora después de dejar de hablar con Pamiés. Y aunque el responsable policial le alertó de que no hablara en el vehículo ante el riesgo de que estuviera pinchado, en el transcurso del viaje habría narrado a su familiar la reciente conversación que había mantenido con el Policía. Sus palabras las estaba escuchando en directo un policía que inmediatamente avisó a su inspector, todo ello según el relato del fiscal. Finalmente, la operación se cerró el 22 de junio de 2006, aunque no se encontró ni una prueba documental ni el dinero de los chantajes.

Tras años de confrontación política entre PSOE y PP, hasta tres jueces estrella -Garzón, Grande Marlaska y Ruz, encargado hoy en día de su instrucción- han analizado un caso Faisán en el que sus principales responsables se enfrentan a peticiones de hasta 10 años de prisión por los delitos de colaboración con ETA y revelación de secretos en el caso de Pamiés, y hasta 9 años de cárcel para Ballesteros. Sus respectivas defensas reclaman la absolución por las deficiencias en la investigación. 105 testigos de la Fiscalía, 8 de Pamiés, incluyendo el confidente como testigo protegido -apodado El Romano-, y 3 de Ballesteros prestarán declaración en un jucio en el que se escuchará la grabación del soplo y se visionará el vídeo de Ballesteros saliendo del Faisán.