lA izquierda abertzale se encuentra inmersa en un debate estratégico fundamental sobre cómo afrontar el futuro más inmediato tras constatar el enrocamiento absoluto del Gobierno español, que se niega a hacer un solo movimiento en el proceso de pacificación y, más en concreto, en política penitenciaria. La situación de los presos se está convirtiendo en un asunto espinoso y objeto de confrontación dentro del propio MLNV, que ve cómo el inmovilismo del Ejecutivo de Rajoy ha hecho fracasar la estrategia diseñada y avalada en cierto modo por la Conferencia de Aiete y el Foro Social y que se vendió al entorno de los reclusos como un vaciamiento de las cárceles en un horizonte más o menos cercano.

Resolver la cuestión de los presos es fundamental para los dirigentes de la izquierda abertzale, que han visto cómo en los últimos meses se han incrementado las críticas de familiares de los reclusos hacia la política oficial de Bildu, que consideran que se ha "instalado en la comodidad institucional". Es más, la cúpula de Sortu se muestra preocupada y es consciente de que necesita tomar las riendas del proceso que se está dando en las cárceles, envueltas en un debate no exento de tensión y cuyos líderes no terminan de asumir los nuevos postulados.

En este contexto, y a la espera de la resolución definitiva de la doctrina Parot que pueda darles algo de oxígeno, los dirigentes abertzales han comenzado a socializar dentro de su mundo el necesario giro estratégico. "Tenemos que hacer una nueva hoja de ruta y el dibujo político de la misma deberá tener muy en cuenta cuáles son las condiciones legales y jurídicas" impuestas por el Estado español. Quien se expresa con tanta rotundidad es el abogado Iñigo Iruin, figura respetada como pocas en la izquierda abertzale y que ha sido el encargado de diseñar estrategias, movimientos y complicados encajes jurídicos en ese mundo como, sin ir más lejos, la relegalización tras años de ostracismo mediante la creación de un nuevo partido político, Sortu, con la elaboración de unos estatutos impolutos.

En una entrevista en Berria publicada a finales de junio, Iruin apelaba a hacer el análisis correcto: "La vía técnica para trabajar las consecuencias del conflicto está colapsada y el control temporal está en manos del Gobierno español. Este es el diagnóstico", afirmaba.

Para Iruin, la nueva hoja de ruta debería al menos "tener en cuenta" las recomendaciones del Foro Social celebrado en mayo pasado, que, entre otras cosas como adecuar la legalidad a la realidad y modificar la política penitenciaria, proponía que el proceso de "reintegración" de los presos se debe desarrollar de forma individualizada y escalonada y que los reclusos deberían mostrar "su compromiso con el nuevo escenario de paz y renunciar a vías violentas", al tiempo que les reclamaba el "reconocimiento del daño causado", temas tradicionalmente tabú tanto en las cárceles como en el seno de la izquierda abertzale.

En la actualidad, hay en las cárceles unos 150 presos vinculados a ETA que tienen una salida "muy complicada" por la naturaleza de sus delitos, mientras que el resto podrían tener una resolución más o menos sencilla por distintas vías en unos cuatro o cinco años. Del centenar y medio de reclusos con situación más difícil, la mitad tiene condenas con penas muy graves, de las que ya han cumplido una parte. La otra mitad, tiene condenas muy graves y muy recientes, con lo que su perspectiva es muy complicada y deberá esperar, como poco, entre diez y quince años. "La izquierda abertzale lo sabe, conoce al detalle cuál es la situación, y asume que será así", dada la cerrazón del Gobierno español, afirman fuentes conocedoras de la situación en las prisiones.

Sin embargo, no hay consenso al respecto. No lo hay siquiera dentro del propio colectivo de presos, dividido entre quienes apuestan por "la amnistía o nada" y quienes demandan explorar las posibilidades de asumir las recomendaciones del Foro Social.