Bilbao. Tras el paréntesis de agosto, los partidos comienzan a prepararse para el arranque del curso político. En ese contexto, PNV y PSE retomarán sus negociaciones el próximo mes de septiembre para dar un último impulso a su pacto global sobre fiscalidad y lucha contra el fraude, reactivación, políticas públicas y arquitectura institucional. A pesar de las múltiples áreas que abarcaría la eventual alianza, la clave reside en el acuerdo fiscal. Por una parte, es el más urgente, ya que condicionará el nivel de ingresos de 2014 y, por tanto, la redacción del proyecto presupuestario para el próximo año, en el que Lakua habrá de zambullirse sin demora. Por otra parte, al condicionar los fondos de los que dispondrá la CAV, también mediatizará el grado de ambición de los planes de empleo o las políticas sociales, dos cuestiones presentes en la negociación que dependerán de ese pacto sobre los impuestos. De las declaraciones públicas de unos y otros se deduce que la alianza está encarrilada en gran medida y tiene visos de prosperar, aunque todavía quedan flecos que cerrar y, sobre todo, posturas que acercar en el debate sobre el rol del Parlamento en una materia que compete a las Juntas Generales, las encargadas de aprobar los impuestos.

En las últimas jornadas, los socialistas han apostado públicamente por que el Parlamento tenga capacidad decisoria y por que sus pronunciamientos sean vinculantes, más allá de constituir un foro de debate. El partido esgrime que las leyes actuales, sin necesidad de reforma alguna, ya confieren a la Cámara una potestad armonizadora que debería ponerse en práctica. Según ha podido saber este diario, aunque aún no se ha cerrado acuerdo alguno, jeltzales y socialistas exploran fórmulas para acercar posturas, y siguen haciendo esfuerzos para converger en un punto de encuentro sin posiciones de encastillamiento. Por una parte, deberán acordar cómo puede refrendar el Parlamento la reforma fiscal inmediatamente después de que la pacten ambos partidos, y antes de que sea sometida a votación en las Juntas. Por otra, habrán de buscar un acuerdo sobre la posibilidad de que la Cámara vasca realice un seguimiento anual del pacto.

En cuanto al primer hito, a modo de solución intermedia entre los planteamientos de ambos partidos y según las mismas fuentes, el Parlamento podría celebrar un Pleno monográfico en el que se aprobaran resoluciones sobre fiscalidad. El legislativo ya acogió una cita similar en febrero, en la que también se alumbraron resoluciones. Sin embargo, para que esas resoluciones no colisionaran con las competencias de las Juntas, deberían ceñirse a cuestiones genéricas, es decir, al espíritu general de la reforma, y no adentrarse en los tramos y los porcentajes concretos del IRPF o el Impuesto de Sociedades. Esa fórmula evitaría traspasar la línea de las competencias forales, lo que podría desatar incluso un conflicto interinstitucional, ya que también las diputaciones podrían oponerse a que el Parlamento determinara los tramos de los impuestos que deberían recaudar ellas posteriormente. Además, dotar al legislativo de esas competencias podría exigir una reforma de la Ley de Territorios Históricos, el Estatuto y la Constitución.

En cuanto al seguimiento del pacto, podría celebrarse un debate anual sobre fiscalidad a modo de balance de los resultados de la recaudación en el que podrían estudiarse eventuales retoques de los impuestos. Esa opción abriría la puerta a introducir variaciones en la fiscalidad todos los años y colisionaría, por tanto, con la estabilidad que se exige a todo sistema impositivo. Una segunda alternativa pasaría por limitar el seguimiento a un balance de situación y no extenderlo a una revisión de los impuestos. Ese balance podría ejecutarlo la futura Comisión de Lucha contra el Fraude, ya que habrá de elaborar un plan contra la defraudación susceptible de someterse a un balance anual, lo que proporciona un enganche para que pueda acudir a la Cámara -además de a las Juntas- a rendir cuentas.

Si se optara por ese formato, el balance se centraría en el fraude más que en las figuras impositivas. El repaso -en el que podrán plantearse modificaciones técnicas sobre el fraude- se realizaría en sede parlamentaria -no se ha aclarado el formato-, lo que ya supone una novedad puesto que, hasta ahora, los balances se efectuaban solo en las Juntas. En cuanto a la composición de la comisión, el PSE defiende que sea paritaria -con tres representantes de las diputaciones y tres del Gobierno-, pero desde el PNV creen que puede chirriar con el reparto competencial, ya que la lucha contra el fraude la ejecutan las diputaciones, de modo que, en principio, no debería ser paritaria. Aun así, el planteamiento de los jeltzales no sería irrenunciable y los criterios de ambos partidos no se alejarían en exceso en ese punto.

reuniones PNV y PSE, que solo han intercambiado documentos y no se han reunido en agosto, volverán a citarse en septiembre. Se espera que el encuentro llegue en los primeros diez días del mes. Solo se celebraría una cita: será la comisión política la que se reúna directamente para sellar el pacto global si prospera. Las fuentes consultadas dan por cerrado el acuerdo sobre la interconexión de datos entre haciendas tomando como modelo el convenio de Gipuzkoa y el Estado suscrito por Markel Olano.

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