TRAS comprobar que una cosa era predicar y otra dar trigo, el Gobierno de Bildu en la Diputación guipuzcoana ha decidido tirar por la calle de en medio y obtener recaudación caiga quien caiga. En este caso, quienes van a caer a partir de 1 de octubre de 2014 son los transportistas y los usuarios de las carreteras forales de alta capacidad.
La presentación del plan de peajes ha avanzado esta semana la que les espera a los camiones que circulen por la ruta Donostia-Gasteiz, que pagarán entre 6 y 7 euros si lo hacen por la N-1. Al resto de usuarios, los vehículos ligeros, se les hará saber en septiembre el desembolso viario que les corresponda. Como consuelo, al transporte pesado se le aplicará un descuento del 13% si realiza un mínimo de 15 viajes mensuales y, al parecer, los usuarios guipuzcoanos de vehículos ligeros estarán exentos de pago. No obstante, para compensar, se recargará este peaje en un 20% a los vehículos más contaminantes.
Para controlar este tránsito tan heterogéneo han comunicado las autoridades viarias guipuzcoanas que el sistema contará con un total de 14 arcos dispuestos en la A-15, la N-1 y la GI-632 en los que se leerán automáticamente las matrículas para proceder seguidamente al cobro, según el sistema ViaT. En la misma línea de palo y zanahoria, se darán facilidades para el pago a través de Internet pero se advierte de sanciones de entre 150 y 1.999 euros para los morosos y escaqueados.
A nadie se le oculta que el mantenimiento de la red viaria, especialmente en un territorio de abundante tránsito como Gipuzkoa, supone un coste elevado para las arcas públicas y con ello debe contar la institución al tratarse de un servicio indispensable. No es posible asumir la titularidad de las carreteras públicas sin hacerse responsable de su déficit, y es lógico que las instituciones procuren aminorarlo en lo posible. Ello puede lograrse ajustando al máximo la inversión, mejorando la gestión o directamente recurriendo a la vía impositiva que es la solución adoptada por la Diputación guipuzcoana que espera recaudar entre 38 y 40 millones de euros anuales gracias a este denominado proyecto Arkupe.
Lo cierto es que este intento para aliviar el alto costo del mantenimiento de la red viaria guipuzcoana se ha llevado a cabo por el Gobierno de Bildu como suele, sin consenso, sin debate, por la brava y además en el peor momento, cuando la crisis agobia de manera implacable a la inmensa mayoría de los transportistas en su carácter de autónomos.
La diputada de Movilidad e Infraestructuras Viarias, Larraitz Ugarte, ni siquiera ha pestañeado cuando desde la oposición se le ha advertido que en democracia no se pueden tomar decisiones de ese calado siendo minoría. Que para sacar adelante ese proyecto es preciso aportar los datos que avalen su viabilidad. Que para valorarlo hace falta presentar un estudio económico financiero. Que no se han aportado documentos suficientes sobre costes de instalación ni valoraciones precisas sobre el tráfico.
Pero lo que no tiene un pase es que todo este plan de peajes, que va a tener una incidencia importante sobre los usuarios, pretenda sacarlo adelante el Gobierno de Bildu sin el apoyo de las Juntas Generales. Una vez más. Y en este punto es donde hace aguas el estilo de Bildu a la hora de gestionar lo público. Primero, se adopta un criterio sobre cómo afrontar un problema; segundo, adoptado ese criterio se considera inamovible; tercero, se esquivan mejor o peor los procedimientos legales que pudieran obstaculizar la solución adoptada; y cuarto, se aplica la ley del embudo. Es lo que tiene, haber pasado de la pura resistencia a la gestión. Del inflexible y combativo Peajerik ez! predicado durante años en pancartas, concentraciones y pintadas, han pasado al peaje generalizado y por decreto ahora que les ha tocado dar trigo.
Lo que la práctica gestora de Bildu pretende es imponer su minoría ciscándose en las normas forales ya aprobadas por gobiernos anteriores, o incumplir los acuerdos presupuestarios forzosos logrados para salir del paso, o aplicar implacable el rodillo allá donde tenga mayoría. Según su libro de estilo, no cabe discusión sobre las decisiones estratégicas de Bildu; se ejecutan y listo. Hay que evitar a toda costa que el corsé de la legalidad vigente impida la implantación de lo que se considera conveniente, llámese recogida de residuos, o incumplimiento de compromisos adquiridos, o implantación de peajes viarios como en el caso que aquí se trata.
El proyecto de financiación de carreteras presentado por el Gobierno de Garitano, además de las inconcreciones y desafueros ya apuntados, presenta otra serie de inconvenientes como el agravio a usuarios del resto de la Comunidad y la falta de cohesión interterritorial que supone una decisión unilateral como la que prevé la Diputación para la financiación de sus carreteras. En cualquier caso, son obstáculos que podrían salvarse mediante el diálogo, el acuerdo y la tolerancia, ejercicios todos ellos a los que el Gobierno guipuzcoano no parece aficionado.
