Bilbao. Desde que Catalunya anunciara su intención de propagar el mensaje soberanista en el exterior, los sectores más centralistas pidieron al Gobierno español que se mantuviera vigilante ante la acción de Artur Mas en suelo internacional. En ese contexto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso sobre la mesa un proyecto de Ley de Acción Exterior que, a juicio de los gobiernos vasco y catalán, pecaría de centralista. Desde Madrid han rechazado taxativamente cualquier vinculación entre la norma y la apuesta de la Generalitat por la internacionalización del conflicto, han argumentado que solo buscan ordenar la política exterior con criterios de eficiencia económica, y han recordado, en ese sentido, que en la historia reciente se han producido hasta cuatro intentos de coordinar la acción de todas las administraciones estatales que operan en el extranjero.

De hecho, el Ejecutivo español ha limado los aspectos más polémicos de sus primeros borradores. El gabinete del lehendakari Urkullu, por su parte, ya ha remitido a Madrid sus alegaciones, con las que busca preservar el margen competencial de la CAV y cortocircuitar eventuales medidas de control.

Para cumplir ese objetivo, el Gobierno vasco cuida hasta el más mínimo detalle en su texto, al que ha podido tener acceso este diario. Así lo prueba pidiendo al Gobierno español que prescinda de las alusiones a la "dirección" de la acción exterior, y que únicamente aluda a la "coordinación", término que respetaría mejor la autonomía vasca.

Además, y a modo de principio general, el Ejecutivo de Gasteiz se muestra respetuoso con la política exterior del Estado, tal y como establece la Constitución española, pero exige esa misma conducta ante la autonomía vasca. Esa máxima se traduce en que, por ejemplo, si Madrid decidiera suspender las relaciones diplomáticas con un determinado Estado, la CAV no podría entablar relaciones con ese país.

El Gobierno de Rajoy ha aparcado las cuestiones más controvertidas contempladas en los primeros borradores, y ha desterrado algunas ideas con las que se especuló en los albores del debate: no impedirá que las comunidades que han incumplido el déficit abran delegaciones, ni retirará la cobertura de las embajadas estatales a los territorios que emprendan un viaje en contra del criterio de Madrid. Además, las delegaciones autonómicas no serán absorbidas por las embajadas del Gobierno español. De momento, no se habría fijado plazo alguno para la aprobación de la norma.

El Ejecutivo vasco ya pudo conocer de primera mano los datos del proyecto el día 10, cuando recibió al ministro del ramo, José Manuel García-Margallo, en Lehendakaritza. Al otro lado de la mesa se encontraban el portavoz Josu Erkoreka y la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno vasco, Marian Elorza. La reunión estuvo presidida por el buen tono del popular, que insistió en que el proyecto no persigue laminar competencias.

Su visita a la CAV se enmarcaba, de hecho, en la ronda de contactos del Ministerio concebida para recabar las opiniones de los agentes implicados y proponerles la presentación de alegaciones. Las de Lakua se sustentan en los documentos que trabajaron ambas partes durante el encuentro, de modo que, según las fuentes consultadas, las peticiones deberían ser atendidas.

En el texto, el Ejecutivo de Urkullu da por bueno que un territorio deba comunicar al Ejecutivo español su intención de abrir una delegación, pero pide suprimir del proyecto las referencias a los ministerios de Asuntos Exteriores y de Hacienda. Según el artículo 12 del texto de Madrid, aunque no tendrán capacidad de veto, los departamentos "informarán la propuesta" de acuerdo con el principio de unidad de acción exterior y de eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Lakua reformula el artículo prescindiendo de esas últimas líneas y se explica: "Se han suprimido las manifestaciones de control jerárquico que se pretendía con el proyecto, de modo que debe quedar claro que no son fiscalizables por los distintos ministerios los acuerdos o las diversas actuaciones autonómicas o locales en materia de Acción Exterior".

En cuanto a la necesidad de mantener informado al Ministerio sobre los viajes al extranjero para que pueda plantear sus recomendaciones (art. 5), Lakua pone en duda las bondades de un reporte tan "exhaustivo" de visitas y actuaciones concretas, que no solo comprendería los desplazamientos o cualquier actividad del lehendakari, sino también de los parlamentarios. Por ello, propone que la ley apueste simplemente por mantener al corriente al Gobierno español de la "estrategia en materia de acción exterior", sin bajar al detalle. Además, plantea que, en su caso, esas cuestiones tan concretas deberían discutirse en los foros de coordinación de la política exterior que active el Ministerio.

Esa nueva redacción insinúa la apuesta de los jeltzales por que las comunidades participen en el Consejo de Política Exterior. Ese organismo fijará la estrategia internacional y los países prioritarios y, según ha denunciado el PNV, las comunidades solo podrán hacer sugerencias.

tratados En el documento al que ha tenido acceso este periódico se atestigua cómo el ministro habría admitido que la acción exterior "no se puede impedir ni imponer", y se avanzan otros aspectos que no suponen demasiados cambios con respecto a las normas vigentes. En este sentido, el proyecto puntualiza que las comunidades autónomas no podrán asumir la representación del Estado en el exterior, ni suscribir tratados internacionales con otros estados u organismos extranjeros, salvo que así lo prevea el propio tratado, y siempre en el marco de sus competencias. El Gobierno Vasco, por su parte, recuerda que es la CAV quien marca la acción exterior de sus ayuntamientos.

El Ejecutivo de Urkullu entiende que la acción exterior se torna clave, y percibe en ella un importante componente económico, frente a aquellos que piden eliminar las delegaciones por su eventual sesgo ideológico o por considerarlas un dispendio de recursos públicos.

La red exterior vasca fue puesta en pie por los sucesivos gobiernos del PNV, y su primera delegación, impulsada por José Antonio Ardanza en Bruselas, se topó con la resistencia de Madrid. El Tribunal Constitucional terminó dando luz verde a la sede, y fue a partir de entonces cuando comenzó la expansión de la CAV en el exterior, que cuenta en la actualidad con delegaciones en Bruselas, Estados Unidos, México, Argentina-Mercosur, y Chile, Colombia y Perú, además de la oficina de Madrid.