parís. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, compareció ayer ante los jueces de París que investigan su gestión, cuando era ministra, de un controvertido litigio con un empresario que le podría llevar a su imputación, con consecuencias inciertas para su puesto actual. Lagarde llegó sonriente y aparentemente distendida en torno a las 08.15, hora local (06.15 GMT), a la sede del Tribunal de Justicia de la República, el único habilitado para juzgar a aforados como ella por hechos relativos a sus funciones de titular de Finanzas, y en su caso por el contencioso entre el Estado y el conocido empresario Bernard Tapie (expresidente del club de fútbol Olympique de Marsella).

Acudía acompañada de su abogado y con documentos para poder defenderse ante los tres magistrados instructores que tratan de determinar si actuó contra los intereses públicos cuando en 2007 decidió poner fin a ese litigio recurriendo a un tribunal arbitral privado, que se pronunció a favor de Tapie en 2008, y renunciando a los órganos jurisdiccionales ordinarios. Ese procedimiento se tradujo en una indemnización de 403 millones de euros que tuvo que pagar el Estado francés a Tapie, conocido por su amistad con el entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.

larga declaración La declaración ante los jueces puede prolongarse hoy y finalizar con la imputación de Lagarde por complicidad en falsificación y malversación de fondos públicos -delitos penados con hasta 10 años de cárcel y 150.000 euros de multa-, si consideran que el arbitraje fue una maniobra para favorecer a Tapie.

El turbulento empresario, que fue ministro con el presidente socialista François Mitterrand (1981-95), se había querellado contra Crédit Lyonnais, el banco entonces nacionalizado que le había hecho un préstamo para comprar la marca Adidas y con la que se quedó tras su liquidación judicial.

Al sumario que tramita el Tribunal de Justicia de la República se han incorporado una serie de elementos contra Lagarde, como las conclusiones de un organismo dependiente del Tribunal de Cuentas, que había constatado numerosas irregularidades en el procedimiento de arbitraje, primero por desautorizar a los que se oponían.

También por la designación de los que se encargaron de esa mediación, dado que hay dudas sobre la imparcialidad de alguno de ellos.