Madrid. La decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de dejar sin efecto la imputación contra la infanta Cristina fue acogida ayer con disparidad de criterios dentro de la clase política. Así, el Gobierno y el PP se declararon contentos, los socialistas no fueron más allá que volver a declarar su "respeto" a la Justicia mientras la izquierda cree ver en esta decisión judicial la evidencia de que "no todos los españoles somos iguales ante la Ley", como dijo Gaspar Llamazares, de IU.
Quizá el más expresivo en sus declaraciones fue el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García Margallo, quien calificó de "magnífica noticia" la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La razón de su alegría la resumió Margallo con una sencilla frase: "La infanta Cristina es una infanta de España".
Por su parte el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró que se alegra de una decisión "buena para todos en la medida en que afecta a una institución tan importante como la Corona". El portavoz popular mostró cual es el argumentario político oficial de la formación para responder a este tema jurídico: "Creo que si algo ha demostrado este procedimiento es que en España todos somos iguales ante la ley, pero iguales para lo bueno y lo malo".
Desde el PSOE su vicesecretaria general, Elena Valenciano, se limitó a expresar de nuevo el respeto de su partido por la decisión de la Audiencia Provincial de Palma. "De la misma manera que respetamos en su día la decisión del juez, el PSOE respeta la decisión que ha tomado la audiencia con respecto al caso de la infanta Cristina", respondió escuetamente Rodríguez ante las preguntas de los periodistas.
En contra Muy distintas fueron las reacciones desde IU. Su diputado Ricardo Sixto lamentó que el Gobierno, a través de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, haya impedido que un miembro de la Casa Real declare en los tribunales y que lo haya hecho "justo cuando existe el compromiso de incluir a la Monarquía en la Ley de Transparencia". "Si la infanta Cristina no fuera la hija del Rey de España, ni la Fiscalía General del Estado ni la Abogacía "hubieran actuado como lo han hecho y la imputación se hubiera mantenido".
Por su parte la portavoz de UPyD, Rosa Díez, tachó de "completamente inaceptable" la decisión y apuntó que "no hay ni un ciudadano en este momento que pueda pensar que no se le ha dado un trato privilegiado, lo que no viene bien a la Monarquía". "El trato de todos iguales ante la justicia es una cosa en estos momentos sarcástica", apostillaba. "La Audiencia se ha puesto en la piel de la infanta, que se siente muy incómoda por que considera que por el hecho de imputarla ya se la considera culpable, como le ocurre a miles y miles de ciudadanos", recalcó.
