Calparsoro sostiene que España tendría que aplicar una sentencia contra la 'doctrina Parot'

Se refirió Calparsoro a la decisión que tendrá que adoptar la Gran Sala del TEDH en el caso de la presa de ETA Inés del Río, a quien se le prolongó la condena en base a esta doctrina. Pese a la advertencia que aireó el ministro de Interior español, Jorge Fernández Díaz, el máximo representante de la Fiscalía vasca señaló que las sentencias del tribunal de Estrasburgo "obligan al Estado español", puesto que "España forma parte de un convenio internacional, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que vincula a todos los poderes públicos, incluidos los órganos judiciales". "Y en el caso de que el Tribunal de Estrasburgo entendiera que esta doctrina va en contra de este Convenio Internacional del que forma parte España, nos obligaría a los Juzgados, tribunales y fiscalías a aplicar ese nuevo criterio sentado por Estrasburgo", argumentó.

Situación de los presos Por ello, Calparsoro incidió en que en el supuesto de que el TEDH confirme la ilegalidad, "habría que aplicarla por los jueces y por los tribunales" porque la resolución de Estrasburgo "obliga al Estado, y por tanto, obligaría a los tribunales". En consonancia con este extremo, el fiscal superior de la CAV precisó que, en ese escenario, "a los presos que estén en la situación de prolongación de prisión por habérseles aplicado esa nueva manera del cómputo de cumplimiento de penas, tendría que hacérseles una refundición, una nueva liquidación de condena, que derivaría en un adelantamiento de su puesta en libertad". Calparsoro recordó que habrá que aguardar a ver qué decide la Gran Sala -que se reunió esta pasada semana pero que a priori no dará a conocer su punto de vista hasta dentro de unos meses-, pero matizó que toca "reconocer las dificultades jurídicas derivadas de que ya hay una primera sentencia en la que ya, por unanimidad, el tribunal decidió que esa doctrina va en contra del convenio en lo que se refiere a la retroactividad".

investigación sobre Mintegi Mientras, el máximo representante del ministerio público en Euskadi, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, está "investigando las circunstancias y el contexto en el que se realizaron" las palabras de Laura Mintegi sobre el asesinato de Fernando Buesa, vertidas en el penúltimo debate sobre la Ponencia de Paz, para comprobar si la portavoz de EH Bildu pudo cometer un delito de enaltecimiento o justificación del terrorismo. Mintegi explicó ayer que su intervención parlamentaria fue "en defensa de la memoria de las víctimas", pero, precisó, que "interpretaciones posteriores" falsearon el sentido de sus declaraciones.

"En el Parlamento todo el mundo fue consciente del sentido profundo de mis palabras y que eran precisamente una reacción ante lo que me pareció una frivolidad respecto a las víctimas y salí reivindicando la memoria de las víctimas. Y lo sabe todo el mundo en aquel Parlamento. Las interpretaciones posteriores han falseado el sentir de mis palabras y lo saben", zanjó la portavoz abertzale, que acusó al PP de iniciar una polémica aquel día por un "interés partidista momentáneo" para lograr "paralizar o retrasar la constitución de la ponencia" parlamentaria sobre paz y convivencia hasta lograr, "una semana más tarde, movilizar" al resto de los grupos hacia sus planteamientos y así, "sentirse más cómodo". Pese a esas maniobras incriminatorias", su formación destaca "su absoluta voluntad de trabajar por la paz".