Sea cual sea la decisión final que adopte el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acerca del recurso presentado por el Gobierno español sobre el caso de la presa de ETA Inés del Río, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, avisó ayer de que harán "ingeniería jurídica" para evitar que el fallo eche por tierra la doctrina Parot, que alarga el cumplimiento de la condena a los presos con múltiples penas. La Gran Sala de la corte, con sede en Estrasburgo, dejó visto para sentencia un caso cuyo resultado no se conocerá hasta dentro de unos meses, previsiblemente después del verano. Si los jueces dan la razón a Del Río, el Ejecutivo español tendrá que ponerla en libertad y la doctrina quedará tocada de muerte. Si priman los argumentos de Moncloa, la presa de Tafalla deberá permanecer en prisión hasta 2017.
Aunque el Gobierno del PP no quiere pensar en hipótesis negativas y confía en que el Tribunal de Estrasburgo entenderá la doctrina Parot como "un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo" -tal y como la definió ayer el presidente español, Mariano Rajoy- lo cierto es que el titular del Interior no debe tenerlas todas consigo cuando lleva semanas situando este asunto en lo más alto del debate político. Ayer insistió en que tienen "margen" para esquivar un eventual fallo negativo.
Ayer fue la última oportunidad del Gobierno para echar por tierra la sentencia de julio de 2012, en la que la sección tercera del tribunal condenó al Estado español a indemnizar a Inés del Río -condenada a 3.000 años de cárcel por 24 asesinatos- con 30.000 euros y a dejarla en libertad por vulneración de sus derechos en base a dos artículos del convenio de derechos humanos: el 5 sobre los derechos a la libertad y seguridad y el 7, que recoge la irretroactividad de la ley penal desfavorable. La audiencia arrancó al filo de las 9.30 y se prolongó por espacio de dos horas. La defensa estuvo formada por tres abogados que intervinieron en inglés, y en nombre del Ejecutivo español otros dos letrados lo hicieron en español a petición propia. Enfrente se situaron 17 jueces con el luxemburgués Dean Spielmann a la cabeza.
"Todo lo que pedimos es que la sentencia sea aplicada de acuerdo con la ley, ni más ni menos", comenzó Mark Muller, el abogado británico encargado de dirigir ayer la defensa de Inés del Río. "No se trata ni de política, ni de terrorismo ni de la capacidad del Estado de abordar nuevas realidades sociales sino de la aplicación universal del Estado de derecho", prosiguió. "El caso es muy simple: España ha prolongado en 9 años su condena al redefinir la pena de forma retroactiva", arremetió refiriéndose a la doctrina Parot y al hecho de que la presa tendría que haber sido liberada en 2008. El abogado, que insistió en que la doctrina vulnera el convenio de derechos humanos, hasta parafraseó una cita de hace 240 años del presidente de EE.UU. Thomas Jefferson: "Es más peligroso que un culpable sea castigado sin que se cumpla la ley a que escape".
Mismo trato "¿Es igual un asesinato que 132 asesinatos?", replicó Isaac Salama en nombre del Estado. "La sentencia del Tribunal Supremo del 28 de febrero de 2006 dijo que no se podía dar el mismo tratamiento penitenciario a quien ha cometido un asesinato que a quien ha cometido 200", añadió. Salama arremetió contra la sentencia del año pasado en la que se condenaba a España porque "supone que un asesinato recibe el mismo trato penitenciario que los 132 por los que fue condenada la demandante, 24 consumados y 108 en grado de tentativa".
El letrado explicó que en el derecho penal español está previsto que, cuando se cometen varios delitos, se imponen varias penas que hay que cumplir por orden de gravedad hasta llegar a un máximo de cumplimiento. "En el código penal de 1973 el límite era de 30 años y en el vigente es de 40 años para delincuentes como la demandante. En este caso no se ha prolongado ni un solo día la pena impuesta ni el límite del cumplimiento", aseguró.
Durante su alegato final, los representantes del Estado dejaron patente el malestar del Ejecutivo de Rajoy. "El Tribunal de Derechos Humanos no es un tribunal de casación que revisa el derecho interno. Debe decidir respecto al convenio de derechos humanos y debe respetarse el margen de apreciación de cada Estado para determinar el grado de ejecución de la pena sin que se aprecie vulneración", advirtió Francisco Sanz Gandasegui. En respuesta al único juez que ayer hizo preguntas precisó que, si la corte tumba la doctrina Parot, quedarán en libertad de inmediato "54 terroristas de ETA, siete del Grapo, uno del GAL y 14 presos comunes".
