bilbao. "Todos somos Enrique Antolín y Xabier Aierdi". El rector de la UPV/EHU, Iñaki Goirizelaia, mostró así su apoyo a los dos profesores acusados de prevaricación por permitir que dos miembros de ETA -Angel Maria Lete (ya fallecido) y Belén González Peñalva- cursaran estudios en la UPV/EHU pese a estar deportados en Cabo Verde y la República Dominicana, respectivamente. La Fiscalía pide para los dos docentes ocho años de inhabilitación.
La primera sesión del juicio, que se alargará por espacio de varios días, estuvo caracterizada por el apoyo brindado a los encausados. Media hora antes del inicio de la vista varias decenas de profesores se concentraron a las puertas de los juzgados de Bilbao, donde recibieron con aplausos a Aierdi y Antolín, que llegaron a la cita acompañados por el rector Iñaki Goirizelaia; el exrector Juan Ignacio Pérez Iglesias; y el vicerector del campus de Bizkaia, Carmelo Garitonaindia, entre otros. "Cualquiera de nosotros, de los profesores de la UPV/EHU, podríamos estar hoy aquí. Todos somos Enrique Antolín y Xabier Aierdi", señaló el máximo responsable de la universidad, para quien los dos profesores "solo cumplieron con el derecho y la obligación de impartir las clases. Lo hacemos garantizando la calidad de lo que hacemos todos los días".
Juan Ignacio Pérez Iglesias, rector entre 2004 y 2008, ratificó las palabras de su predecesor y señaló que Aierdi y Antolín "son unos chivos expiatorios". A su juicio, está en juego la autonomía universitaria: "Se juzga a toda la institución. El proceder de estos profesores está avalado por el Constitucional puesto que la docencia es un principio reconocido".
su obligación Aierdi y Antolín, que respondieron a las preguntas del ministerio público y su defensa, pero no a las de la acusación particular ejercida por la AVT y Voces contra el Terrorismo, aseguraron que ellos no fueron responsables de la matriculación de Lete y González Peñalva, pero una vez que estaban inscritos en el centro universitario, solo cumplieron con su obligación que no era otra que impartir la docencia.
Xabier Aierdi explicó que ejerció de tutor de los dos deportados puesto que era una encomienda que se le hizo desde la Facultad. "Ambos aparecían en una misma lista de alumnos especiales y me limité a tutorizar sus estudios y remitirles el programa de la asignatura", manifestó. Asimismo, enfatizó en que no era competencia suya si ambos eran presos o deportados: "En las listas no se diferenciaba entre presos o deportados. Yo recibo las listas y se supone que los alumnos cumplen con las condiciones de la matriculación"
Por su parte, Enrique Antolín, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación desde 1988, aseguró que por orden del decano Manuel Montero se encargó de la gestión de los denominados alumnos en situación especial . "Era un listado que había que aceptar. Me guste o no, los alumnos tienen derecho a ser formados", señaló Antolín.
El propio Manuel Montero declaró como testigo y negó tener conocimiento de la existencia de deportados en la lista de alumnos especiales, al tiempo que dejó claro que la obligación de los profesores era que los alumnos recibieran su formación, "y no revisar los criterios de matriculación". Por su parte, Imanol Tejero, administrativo de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, aseguró que en el caso de Angel Maria Lete se le remitía el material educativo a través del cónsul honorario de España en Senegal, puesto que ejercía también funciones en Cabo Verde, donde estaba deportado el miembro de ETA.
Iñaki Goirizelaia y Juan Ignacio Pérez Iglesias flanquearon a Enrique Antolín y Xabier Aierdi a su llegada a los juzgados de Bilbao. Foto: oskar martínez
