vitoria. Poco después de acceder a Moncloa, Mariano Rajoy dejó claro que no se sometería a un pleno de política general antes de cumplir su primer año de mandato. Se escudó en que muy rara vez los presidentes españoles han convocado con celeridad el conocido como debate sobre el estado de la nación, si bien la oposición puso sobre la mesa que la situación excepcional por la que atravesaba el Estado podría exigir medidas excepcionales, como someterse cuanto antes al examen del Congreso para dar cuenta al detalle del rescate bancario, las condiciones impuestas por Bruselas, y el incumplimiento de su programa electoral, con el paradigma de la subida del IVA. Así comenzó a cundir la interpretación de que Rajoy dejaría pasar el tiempo para llegar al debate en condiciones más favorables. El reloj se detendrá hoy con el arranque de la sesión a las 12.00 horas en el Congreso.

Quince meses después de las elecciones, el paro ha alcanzado a seis millones de personas, y no se atisban señales de recuperación, de modo que no tendría ningún dato positivo que exhibir durante su comparecencia. Sin embargo, se ha esfumado el fantasma del segundo rescate, el BCE ha dado cierto espaldarazo a Madrid, y el Gobierno español ha expuesto un plan de ayuda a jóvenes emprendedores al que previsiblemente se aferrará para sostener que no solo recurre a los recortes. Esos tres factores se presentan como una vía de escape para Rajoy que, incluso, podría moverse más cómodo en el debate económico que en el político tras el estallido del caso Bárcenas. La supuesta contabilidad B del extesorero del PP ha puesto contra las cuerdas al mandatario, que tratará de conducir el debate hacia la presentación de nuevas iniciativas para la recuperación.

No obstante, contar con esa vía de escape no promete ser suficiente para el presidente español. En las últimas citas del Congreso, el PSOE lo ha atacado por tres frentes: pidiendo la dimisión del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro por una amnistía fiscal a la que, según el socialismo, podrían haberse acogido imputados en el caso Gürtel; pidiendo también la dimisión de la responsable de Sanidad Ana Mato, por el eventual disfrute de los regalos supuestamente obtenidos por su exmarido de la trama; y pidiendo la dimisión del propio Rajoy.

El pleno de hoy se adivina igualmente bronco, aunque el presidente español podría haber sufrido un marcaje más estrecho si el debate de política general se hubiera producido la semana pasada, en pleno estallido del caso Bárcenas, que ha ido cediendo espacio informativo a otras cuestiones. El caso Urdangarin ha cogido el testigo ante la inminente declaración judicial del yerno del monarca español este fin de semana, y ante la revelación de nuevos correos electrónicos que, supuestamente, apuntarían a que la Casa Real conocería los negocios del duque. El presunto espionaje en Catalunya también ha desplazado al caso del extesorero. Además, y aunque las medidas adoptadas por el PP hayan sido consideradas insuficientes -la publicación de sus cuentas y de parte de las declaraciones de la renta de Rajoy no han calmado a la oposición-, los populares han logrado desplazar el foco hacia el sueldo de los políticos, forzando a Alfredo Pérez Rubalcaba a hablar de sus ingresos.

PROTESTAS Aun así, el debate de política general llega en un momento de máxima debilidad para el Gobierno español, con los crecientes rumores sobre una inminente remodelación del Ejecutivo que el PP ha negado por activa y por pasiva. Tampoco el partido se presenta unido, tras los alegatos de Esperanza Aguirre a favor de la regeneración, y tras la controversia desatada por la gestión de la política penitenciaria. El debate coincidirá, además, con la huelga de jueces y fiscales -las tasas judiciales y la escasez de efectivos en los tribunales lastran la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón-, y llegará veinticuatro horas antes de que Sol acoja una concentración ciudadana contra la corrupción. El caso Bárcenas le obligará a presentar medidas concretas y le aguará un pleno que podría haberle servido para vender su cambio de rumbo de la austeridad al crecimiento.

En ese contexto, el portavoz del partido en el Congreso, Alfonso Alonso, adelantó ayer que Rajoy presentará hoy nuevas iniciativas económicas para dar "un impulso" hacia la recuperación tras un año de "ajustes dolorosos". En concreto, se trataría de medidas encaminadas al crecimiento y la creación de empleo. Sin embargo, el debate también serviría para fijar garantías de no repetición de los escándalos de corrupción.

El PNV, por su parte, dedicará el pleno a exigir explicaciones por el caso Bárcenas, y a poner pie en pared contra la recentralización, poniendo asimismo sobre la mesa las transferencias pendientes. Además, podrá testar la voluntad de colaboración de Rajoy con el Gobierno Vasco o su receptividad ante sus demandas. Amaiur, asimismo, reivindicará el derecho a decidir y la resolución del conflicto, e incidirá en la crisis. En cualquier caso, es previsible que ambos partidos deban esperar hasta el turno de mañana para intervenir.