Donostia. Un "complemento retributivo similar al cobro que mensualmente reciben los trabajadores" es lo que han percibido entre el jueves y ayer los 1.900 empleados de la Diputación foral de Gipuzkoa, según precisó ayer su diputado general, Martin Garitano, que no admitió preguntas de los periodistas a los que había citado expresamente esa misma mañana para referirse al caso de la paga extra de Navidad. Garitano se limitó a leer un comunicado de marcado carácter político en el que arremetió contra la "constante imposición a la que se ve sometido este pueblo" por parte del Ejecutivo español y aseguró que su Gobierno "decide garantizar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras públicas".
Tal y como había publicado en exclusiva este diario en su edición de ayer, los funcionarios guipuzcoanos comenzaron a cobrar el mismo jueves por la tarde una paga adicional que sustituye a la extra, palabra que Garitano evitó en todo momento y que plantea una nueva batalla jurídica que el Gobierno central ya está estudiando. Cerca de siete millones ha desembolsado la Diputación para "paliar" la pérdida de poder adquisitivo que sus cerca de 2.000 empleados han sufrido por la suspensión de la extra navideña.
La propia vicepresidenta del Gobierno de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la decisión de la Diputación de Gipuzkoa, insistió en que la Delegación del Gobierno está vigilante y actuará en consecuencia si detecta que ha habido un "incumplimiento" de la decisión de su Ejecutivo. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, ahora se prevé una batalla legal que difícilmente podría tomar la vía del Constitucional tal y como sucedió en el caso del Gobierno Vasco. Por contra, todo apunta a que el asunto entrará en la vía de lo contencioso-administrativo "al no tratarse de un incumplimiento de una normativa básica, sino un problema de calificación".
En este caso, indican las mismas fuentes jurídicas, el Gobierno tratará de demostrar que el complemento retritutivo que Gipuzkoa ha pagado a sus funcionarios es en realidad una paga extra disfrazada, una herramienta creada ad hoc para tratar de evitar la prohibición. Según precisan, esta "patata caliente" podría terminar el el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), mientras que los trabajadores públicos tienen ya en sus cuentas el dinero para disponer de él como quieran. Sindicatos como ELA y LAB aplaudieron ayer el abono de la paga adicional.
Entre tanto, el Gobierno municipal de Donostia, también liderado por Bildu, ha adoptado otra fórmula que pasa por adelantar a enero la paga de julio y, entre tanto, para que sus empleados públicos dispongan de efectivo estas navidades, adelantó a ayer mismo el pago de la nómina de diciembre. El Gobierno municipal ha convocado para el lunes una rueda de prensa en la que explicará esto.
Martin Garitano, diputado general de Gipuzkoa, ayer. Foto: gorka estrada
