Madrid. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo tratará de "hacer entender" a la Generalitat de Cataluña la inconstitucionalidad de la medida que establece el pago de un euro por receta y la necesidad de su modificación, antes de acudir al Tribunal Constitucional (TC).

Así lo manifestó Sáenz de Santamaría en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, después de que se conociera un dictamen del Consejo de Estado, que considera que "la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional".

Según este dictamen, la tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid prevé aplicar en enero, vulnera el orden constitucional, ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".

Sáenz de Santamaría señaló que fue el Gobierno el que pidió la opinión al Consejo de Estado respecto a la medida catalana y explicó que existe una mesa de diálogo abierta con la Generalitat para abordar la cuestión, antes de acudir al Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta precisó que en el caso de Madrid, "cuando sea, si es, una norma jurídica, se procederá de la misma manera".

Explicó que la reforma de la ley orgánica del TC establece la posibilidad de que antes de recurrir, las dos partes puedan "sentarse en una mesa y analizar cómo pueden solventar esa cuestión" para salvar la inconstitucionalidad.

De esta forma, se trata de evitar la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, dijo.

Caso omiso La Generalitat anunció ayer mismo que hará caso omiso al dictamen emitido por el Consejo de Estado, que considera que la tasa del euro por receta implantada en Cataluña es inconstitucional, y se seguirá amparando en la interpretación del Consejo de Garantías Estatutarias, que avaló la constitucionalidad de la tasa.

En un comunicado, el departamento de Salud de la Generalitat recordó que la tasa del euro por receta fue aprobada por el Parlament el 23 de marzo en el marco de la Ley 5/2012 de 20 de marzo de medidas fiscales, financieras y administrativas.

También recordó que el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó el 6 de marzo la constitucionalidad de la nueva tasa y que el dictamen del Consejo de Estado que discrepa de esta interpretación "no es vinculante".

La Generalitat aseguró que "el Govern atenderá siempre, en caso de diversidad de interpretaciones, a la del Consejo de Garantías Estatutarias", por lo que no hará caso al dictamen del Consejo de Estado, que considera que vulnera el orden constitucional ya que las comunidades "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos".

También en Madrid Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, implantará el cobro de un euro por receta farmacéutica expedida en la región a partir del próximo mes de enero porque entiende que es una medida en el ámbito de sus competencias, si bien está abierto al diálogo para conocer las "discrepancias" que puedan existir y alcanzar una "solución al respecto". En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González explicó que antes de tomar esta medida ya conocían el dictamen del Consejo de Estado, porque es del mes de julio, por lo que es "posterior a la aprobación de esta medida por parte del Gobierno catalán" y sobre el que el Gobierno central convocó la comisión bilateral para discutir con Cataluña "el alcance de la medida". "Entendemos que es una medida que se puede tomar en el ámbito de nuestras competencias, que va en la dirección de la racionalización del gasto y permite mantener los servicios y no suprimirlos haciendo sostenible el gasto", indicó González, quien añadió, además, que no es "recaudatoria" sino "disuasoria" para hacer más "eficiente" el gasto farmacéutico. Mientras, la consejería andaluza de Salud confía en que el Ejecutivo de Rajoy eleve al Constitucional "de forma inminente" el euro por receta implantado en Cataluña y que se introducirá a partir de enero en Madrid. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero instaron así al Gobierno central a que "acelere" la remisión de este caso al Alto Tribunal, "de la misma forma que se hizo con Andalucía, tras la implantación de la subasta de fármacos". En la misma línea se han manifestado desde FACUA y el PSOE, quienes avisan al Gobierno de que "no tiene excusa" para no presentar un recurso al Tribunal Constitucional.