Vitoria. EL Parlamento Vasco de la novena legislatura pasará a los anales de la historia del Legislativo como uno de los más plácidos. Una circunstancia de la que el PSE presume, de hecho uno de sus compromisos de campaña en 2009 era, precisamente, devolver la tranquilidad a una Cámara escenario sin descanso, no sólo de debates de trascendencia política a nivel estatal, sino también de las más inverosímiles y, en ocasiones, lamentables anécdotas ajenas a la estricta actividad parlamentaria y fruto de una poco deseable crispación política.

Por un lado el final de ETA, por otro el pacto de legislatura entre socialistas y populares y su consiguiente mayoría parlamentaria, el creciente protagonismo del agravamiento de la crisis y sus consecuencias sociales en detrimento de cuestiones soberanistas y también el hecho de que el ring político haya tenido a las diputaciones como protagonistas de la oposición al Ejecutivo vasco. Son los factores que han influido en una normalización de la vida parlamentaria que ha rebajado la crispación en los discursos y ha propiciado entendimientos; aunque también se ha centrado en debates, quizá igual de trascendentales, pero menos vistosos. Y algunos de los más brillantes -caso de la estructura institucional y modelo de país, con la Ley Municipal y la LTH como ejes- vuelven a quedar abiertos. Eso sí, de esa normalización ha sido ajena la izquierda abertzale histórica, cuyas siglas han estado ausentes por ilegalización por primera vez en la Cámara vasca.

a setas o a rolex

Autodeterminación y derecho a decidir

Al margen de la -obvia- ingente y profunda actividad legislativa de las primeras legislaturas -sólo en la primera se aprobaron más de 60 leyes entre las que están las que articulan el entramado institucional de la CAV, caso de la Ley de Gobierno, las leyes electorales, de creación de EITB o la de Territorios Históricos-, esta legislatura no ha sido especialmente destacada en producción legislativa: sí cuantitativamente, pero no tanto cualitativamente. Es cierto que se han aprobado los tres presupuestos del cuatrienio -garantizados por el pacto con el PP- o la legislación que ampara la transferencia de las Políticas Activas de Empleo o la actualización de la Ley de Cajas. Pero en el camino han quedado debates apenas enunciados como el intento de afrontar las duplicidades institucionales y un protagonismo inusual de la Comisión Arbitral fruto de la conflictividad con las diputaciones, fundamentalmente con la de Bizkaia, pero también la alavesa.

El lema de campaña de los socialistas, Estamos a lo que hay que estar, refleja bien el desplazamiento temático en la actividad del Legislativo. El "a setas o a Rolex" con el que han enunciado algunas de sus cuñas publicitarias ejemplifica el escaso interés del Gobierno socialista por el debate del derecho a decidir que protagonizó buena parte de las tres legislaturas anteriores, bajo el Gobierno de Juan José Ibarretxe. Momentos históricos del Parlamento Vasco, como la aprobación el 30 de diciembre de 2004 de la propuesta de Nuevo Estatuto y el no menos famoso papel de árbitro que ejerció a última hora de aquella tarde Arnaldo Otegi con su "tres que sí, tres que no", decantando la balanza.

Un hito precedido de dos años en los que la Comisión Especial de Autogobierno presenció intervenciones de altura y sus trabajos continuaron en marzo de 2004 en ponencia dependiente en la Comisión de Interior. Sentados a aquella mesa, durante seis meses, compartieron discrepancias en torno al famoso Plan Ibarretxe Arnaldo Otegi, entonces portavoz de Sozialista Abertzaleak, y Jesús Eguiguren, que ya venían encauzando a título personal desde años atrás en el célebre caserío de Txillare el que luego sería proceso de paz de Loiola. Luego vendría la designación de Ibarretxe para defender la propuesta aprobada ante el Congreso, en febrero de 2005, y el famoso portazo al trámite de la iniciativa -como lo denominó el entonces lehendakari- de la Cámara Baja.

El asunto, por supuesto, no era nuevo. La Cámara vasca ya había alumbrado con el apoyo de PNV, EA y EE, el 15 de febrero de 1990 y tras un debate con parlamentarios de la talla de Juan Porres, Iñigo Iruin o Fernando Buesa, una declaración de referencia en torno al derecho de autodeterminación: en ella, se declaraba que "el Pueblo Vasco tiene derecho a la autodeterminación. Este derecho reside en la potestad de sus ciudadanos para decidir libre y democráticamente su estatus político, económico, social y cultural, bien dotándose de un marco político propio o compartiendo, en todo o en parte, su soberanía con otros pueblos". Aquel debate fue, además, la segunda vez que la izquierda abertzale histórica, entonces Herri Batasuna, participaba en un Pleno del Parlamento Vasco, tras hacerlo en la investidura de José Antonio Ardanza.

Pero el asunto no quedó ahí, porque tras unas elecciones con un evidente tono plebiscitario, Ibarretxe impulsó la denominada Ley de Consulta, aprobada por el plenario en junio de 2008 y que decaería en el Tribunal Constitucional meses después. El segundo gran hito político de Ibarretxe, que separó los caminos de cierto entendimiento parlamentario en el que se habían encontrado en esa legislatura socialistas -que dejaban atrás su férreo frente con los populares frente a Ibarretxe de legislaturas pasadas en busca de una posición propia, impulsada por la llegada de Patxi López a la secretaría general del PSE y tras el divorcio a sangre y fuego que supuso el 11-M entre ambas formaciones- y jeltzales.

anécdotas presupuestarias

Dos legislaturas de infarto

Esa recuperación de relaciones entre socialistas y jeltzales llegó tras dos legislaturas de absoluta incomunicación nacida tras la firma del Pacto de Lizarra y acrecentada en torno a episodios como la gestión política tras el asesinato del entonces portavoz parlamentario del PSE, Fernando Buesa, en febrero de 2000, a manos de ETA. Una crispación de la vida política durante los dos primeros mandatos de Ibarretxe y la configuración de un sólido bloque PP-PSE que se tradujo, en la sexta legislatura, en una moción de censura contra el consejero de Interior, Javier Balza, y dos inéditas mociones de censura contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, por parte de estos partidos, liderados entonces por Carlos Iturgaiz y Nicolás Redondo Terreros.

Por cierto, no menos inéditas que la moción de confianza a la que se sometió el lehendakari Ardanza para ratificar su programa de gobierno con PSE y EE en 1991. También Ardanza protagonizó la única investidura a media legislatura, en 1985, tomando el relevo a Carlos Garaikoetxea tras la escisión de EA. Igual de inusual que la proposición aprobada en enero de 2002 para pedir el cese del delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, tras afirmar que "no le temblaría la mano" para impedir un referéndum de autodeterminación. Por cierto que Villar fue, durante su mandato, un habitual del palco de autoridades de la Cámara, recordado por su expresividad.

Y volviendo a la primera legislatura de Ibarretxe, sacar adelante un Presupuesto era misión imposible para un Ejecutivo vasco en minoría enfrentado a un sólido bloque PP-PSE que encontraba en EH un inesperado aliado. Así, a finales de 2001 se vivía una situación kafkiana en la Cámara con socialistas, populares e izquierda abertzale de acuerdo para no acudir a la votación de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos, impidiendo así el quórum necesario hasta en cinco ocasiones, en protesta por la decisión de la Presidencia, que entonces recaía en Juan María Atutxa, de votar las enmiendas de totalidad por separado. Un sistema controvertido para la oposición al entender que favorecía al Gobierno, en minoría parlamentaria, que le costó a Atutxa la petición de reprobación de socialistas y populares. El asunto no quedó ahí, porque las Cuentas de 2002 finalmente se aprobaron... el 24 de enero y parcialmente, gracias a la abstención selectiva de Batasuna. Tampoco quedó ahí la tirantez entre Atutxa y la oposición: en 2003 el presidente expulsó de un Pleno al ahora exconsejero de Interior, Rodolfo Ares, tras un rifirrafe sobre la votación de enmiendas en un proyecto de ley.

Pero no fue el único episodio rocambolesco en las votaciones presupuestarias. Memorable, sin duda, fue un año después la votación en la que logró el Ejecutivo tripartito sacar las Cuentas de 2003 gracias al retraso de Jaime Mayor Oreja en llegar al Parlamento. La bancada jeltzale anduvo avispada haciendo números y renunció a intervenciones para adelantar la votación, dejando en evidencia la falta de puntualidad del dirigente popular y logrando aprobar el proyecto contra todo pronóstico.

No fue la última anécdota de voto relacionado con el entonces líder del PP vasco: durante un Pleno ordinario a finales de 2003, Atutxa denunció que Carlos Iturgaiz había votado hasta en tres ocasiones suplantando a su compañero de escaño, Mayor Oreja. Tampoco la última anécdota presupuestaria del mandato Ibarretxe: las Cuentas de 2005 fueron aprobadas por el error en el voto de una parlamentaria socialista que decantó la mayoría en favor del tripartito.

la sombra de la violencia

Vida parlamentaria trastocada

Algunos de los momentos más recordados del imaginario parlamentario tienen, sin embargo, poco que ver con lo que debería ser una vida parlamentaria normal en cualquier democracia y más que ver con la presencia de una organización terrorista con aspiraciones de protagonismo político. Quién no recuerda, marzo de 1995, al parlamentario de HB Mikel Zubimendi echando cal viva sobre el escaño vacío de Ramón Jáuregui, entonces secretario general del PSE y consejero de Justicia en protesta por las muertes de Lasa y Zabala. Zubimendi fue suspendido durante tres meses a decisión del Pleno, tras una votación inédita a puerta cerrada mediante el procedimiento de bolas negras y blancas.

En este apartado cabe encuadrar también el proceso de judicialización de la vida parlamentaria más agresivo que ha vivido la Cámara vasca, consecuencia de la Ley de Partidos: el proceso de disolución del grupo parlamentario de Batasuna -luego Sozialista Abertzaleak- que terminó en juicio y condena de inhabilitación para el presidente del Legislativo, Juan María Atutxa, y sus compañeros en la Mesa Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. El denominado caso Atutxa que, antes de dirimirse en los tribunales, tuvo su epicentro en las reuniones de los martes de la Mesa del Parlamento, con la defensa numantina que los tres condenados hicieron de la autonomía del Legislativo durante prácticamente toda la séptima legislatura.

El reconocimiento lento, difícil, pero progresivo a las víctimas del terrorismo también ha sido protagonista de la vida parlamentaria. En esta legislatura recién concluida, pasará al historial del Parlamento la creación de una ponencia específica dedicada a las víctimas de violencia política y policial. El primer paso llegó con la creación en 1999 por parte de PNV, EH, EA e IU de una ponencia que estudiara "la situación de todas las víctimas de la violencia generada en nuestro país", en la que no participaron PP, PSE ni UA. Se constituye una nueva ponencia en 2002 dedicada a "la situación de las víctimas del terrorismo", de la que se desmarca Batasuna. Aquellos primeros pasos, con no pocas dificultades, acabaron fructificando en todo un hito en el Estado, con la aprobación en marzo de 2008 de la Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo. Recordada también fue la primera vez que se vio a guardias civiles uniformados en la Cámara vasca: también en 2008, durante el homenaje rendido al agente de este cuerpo asesinado por ETA en Legutiano.

Sólo un muestrario de las pequeñas anécdotas y grandes momentos que atesora el Parlamento Vasco en su azarosa historia.