MADRID. La querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita al juez Santiago Pedraz que tome declaración a la delegada en calidad de imputada por la comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado, tipificado en el artículo 494 del Código Penal, el mismo que se imputa a los organizadores de la manifestación y a los 35 detenidos en la protesta.
El escrito argumenta que la actuación de la Delegación de Gobierno "fue la mejor promoción y difusión que podían haber siquiera soñado las convocatorias del 25-S". Así, detalla que a pesar de conocer la apertura en el Juzgado dirigido por Pedraz de una diligencias de investigación sobre la convocatoria de la manifestación, la delegada decidió autorizar la marcha de forma "verdaderamente insólita".
La querella, firmada por el abogado Jesús María Díaz Formoso, agrega que pesar de que las manifestaciones se convocaron hace meses "se señaló ese mismo día para el debate de los presupuestos generales del Estado", coincidiendo con un clima de enorme malestar social y gravísimos recortes.
El letrado se refiere también a las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y que apuntaban a que los desórdenes fueron iniciados por policías de paisano infiltrados entre los manifestantes.
Díaz Formoso defiende así que las protestas fueron fruto de "una trama organizada desde las instancias del poder estatal y ejecutada precisamente por quien tiene la obligación de velar y garantizar el ejercicio de derechos por parte de los ciudadanos".
