El juez Castro acusa a Urdangarin de usar su "parentesco" con la Casa Real para urdir sus negocios

En un contundente auto, el titular del Juzgado de Instrucción de Palma, José Castro, despliega una lista de "significativas coincidencias", que hasta "podría resultar tediosa", entre los negocios urdidos por el marido de la infanta Cristina tanto en Valencia como en Baleares, y en la que se ampara para desestimar la cuestión de competencia planteada por el exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón.

Así, después de que el imputado solicitase que el magistrado se apartase de las investigaciones sobre los hechos acaecidos en Valencia en favor de un Juzgado de esta ciudad, petición a la que se han opuesto Fiscalía y Abogacía balear, Castro alega cómo tanto en Valencia como en Baleares Urdangarin utiliza su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, "se desprecia" la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

"Presupuestos ridículos" En esta misma línea, el juez apunta a las coincidencias "en lo elevado de los importes de las adjudicaciones" así como "en lo ridículo de los presupuestos que se aportan", además de que "todos ellos fueron impuestos" por Urdangarin y por su exsocio Diego Torres al frente de Nóos. Es más, asevera que "en todos los casos fueron aceptados sin discusión por los responsables políticos" de ambas comunidades.

"En ninguno de los casos los responsables políticos se preocuparon de constatar, para descontarlos, los patrocinios que consiguieron los organizadores (en referencia al Instituto Nóos) y en aquellos que eran perceptibles a simple vista omitieron deducirlos de los pagos", incide el instructor de este complejo procedimiento judicial.

Del mismo modo, el juez Castro subraya que también en ambos casos se documentaron las adjudicaciones bajo fórmulas de convenios de colaboración "para excluir constreñimientos administrativos y participaciones de terceros que pudieran estar interesados en su adjudicación", toda vez que, ahondando en los propios convenios firmados, precisa que tanto los de los eventos del Valencia Summit como los del Islas Baleares Forum "son prácticamente calcados unos de otros". Unas coincidencias que, recalca el magistrado, conduce a una "filosofía de que ni en Palma ni en Valencia se le ocurrió a nadie exigir ni a don Iñaki Urdangarin ni a don Diego Torres rendición de cuentas".

Por todo ello, el juez argumenta que la extensión de las pesquisas a los eventos de Valencia "no fue fruto de un imperialista afán instructor de este Juzgado" sino que, de hecho, apenas iniciada la instrucción de la causa el propio Torres aportó facturas que correspondían al Valencia Summit, lo que determinó extender a estos las investigaciones por ser "fácilmente deducible que las mismas facturas podrían ser utilizadas para justificar gastos tanto de los eventos de Valencia como de Baleares, como así apuntan las pesquisas.

Así las cosas, tras dejar "claro" que los presuntos delitos cometidos en Valencia y en Palma "son conexos", el magistrado apunta además que los investigadores se han desplazado hasta Valencia para tomar declaración a numerosos testigos e imputados, sin que "absolutamente" ningún órgano judicial haya promovido cuestión de competencia hasta este momento. El juez recuerda finalmente que, ya cuando en diciembre de 2011 se hacía "clara referencia" a los hechos que fueron cometidos en Valencia, nadie cuestionó la competencia de su Juzgado para investigarlos, como tampoco cuando citó a declarar al propio Lobón, una "quietud" que persistió tras las más de veinte resoluciones dictadas en referencia a las pesquisas en torno a los eventos de Valencia.