Vitoria. La protesta organizada por el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) en las cárceles españolas para denunciar la continuidad en prisión de Iosu Uribetxebarria, enfermo de un cáncer terminal, ha llegado su fin. Así lo hizo saber ayer el propio EPPK mediante un comunicado que hoy reproduce el diario Gara y en el que califican la campaña llevada a cabo como "modélica".

En el pequeño adelanto difundido ayer en la web del diario digital naiz.info, el EPPK considera que la protesta en la que participaron los reclusos de ETA y de otras organizaciones del MLNV ha servido para situar en el primer plano "la necesuidad de solucionar el problema de los presos". En su opinión, este caso, también "ha puesto en evidencia la responsabilidad de los Estados" francés y español.

De cara al futuro, el EPPK hace un llamamiento a sus miembros para comprometerse con la Declaración de Aiete, "porque es lo importante" y en lo que "hay que poner las fuerzas". Advierten que no "caerán en la trampa del enemigo".

El hecho cierto es que el fin de la protesta llega cuando el 'caso Uribetxebarria' aún sigue coleando. Su destino está en manos de la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por Grande Marlaska. También puede resolverse en el pleno si así lo solicita la mayoría de los diecinueve magistrados que lo componen. Fuentes conocedoras de las interioridades del tribunal, aseguran que la sección de Grande Marlaska es de orientación progresista, lo que podría favorecer la excarcelación del recluso, mientras que en el pleno, la mayoría es conservadora. No es baladí, en este sentido, la petición que hizo el fiscal en su recurso para que la resolución de la causa quede en manos del plenario.

garzon Por otra parte, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sostuvo ayer, en relación a la puesta en libertad o no Uribetxebarria que el Estado de derecho "no tiene que llegar hasta la exacerbación de permitir que una persona muera en prisión".

Garzón, que participo en unas jornadas jurídicas organizadas por la Diputación de Sevilla, precisó que conoce "muy bien" este caso y "la personalidad" del recluso enfermo porque él dirigió la liberación de Ortega Lara, funcionario de prisiones cuyo secuestro vigilaba Uribetxebarria. En su opinión, "la diferencia" entre un Estado de derecho "y quien lo quebranta gravísimamente, como es el caso de los terroristas", en el ámbito humanitario, es no ensañarse en una "situación terminal" de un preso. "Hay mecanismos que pueden compensar esa situación con la reparación a las víctimas y con la sanción penal que, evidentemente, se ha cumplido en forma rigurosa; ir más allá no estoy de acuerdo pero, en todo caso, esperemos a que el tribunal resuelva", añadió.