Donostia. Siete miembros de Bildu y Aralar en Navarra se encerraron ayer a las 11.00 horas en el Parlamento foral durante unas horas para exigir la inmediata puesta en libertad del preso Iosu Uribetxebarria y los otros 13 presos de ETA gravemente enfermos. Su intención inicial fue la de realizar un encierro y un ayuno de 24 horas, pero el presidente de la Cámara, Alberto Catalán (UPN), se negó y exigió que Bakartxo Ruiz, Aitziber Sarasola, Víctor Rubio y Bikendi Barea (Bildu), Txentxo Jimenez, Asun Fernandez de Garaialde y Xabi Lasa (Aralar) abandonaran el Parlamento para las 21.30 horas de ayer. Estos representantes acataron la orden y se marcharon el edificio media hora antes de la hora marcada.

Denunciaron la decisión del presidente de la Cámara, "basada en un artículo de la normativa que jamás se aplica cuando estamos realizando nuestras labores parlamentarias ordinarias, ya que podemos estar en el Parlamento durante los 365 días del año, las 24 horas del día". Aun así, advirtieron de que no caerían en "provocaciones" y que saldrían de la Cámara para las 21.00 horas.

Ante estos hechos, la formación regionalista cargó contra los parlamentarios porque "con encierros como" se "retrocede una década, cuando parlamentarios forales de Batasuna o Euskal Herritarrok debían ser desalojados del Parlamento por proferir proclamas a favor de los presos de ETA, o por pretender encerrarse en el Parlamento. Es decir, volvemos a situaciones pasadas que se creían superadas".

También en la capital navarra, nueve personas fueron detenidas en la medianoche del jueves al viernes acusados de allanamiento de morada. Según dio a conocer la plataforma Ateak Ireki, pretendían pedir la excarcelación de los presos de ETA gravemente enfermos con un encierro en la catedral de una hora por cada uno de ellos, un total de 14 horas.

Accedieron a las 19.00 horas del jueves y tras ser detenidos y desalojados por la Policía, ayer se enfrentaron a un juicio rápido. Ateak Ireki dio a conocer que, pese a que un representante del arzobispado retiró la acusación, el fiscal la mantuvo y cada uno de ellos se enfrenta a una multa de 1.350 euros. Al mostrar su disconformidad con el delito imputado, el 6 de septiembre habrá una nueva vista.