BILBAO. La Fiscalía acaba de dar un serio tirón de orejas al Gobierno de Patxi López. Juan Calparsoro ha sobreseído la denuncia presentada por Idoia Mendia, consejera de Justicia y portavoz del Ejecutivo socialista, por presuntas irregularidades en la contratación de varias empresas que trabajaban para el Departamento de Justicia del Gobierno vasco desde hace más de una década. Mendia acusaba a estas firmas y a los titulares anteriores del Departamento (Joseba Azkarraga) de invertir importantes sumas de dinero en programas informáticos que, según ella, no se han llevado a cabo. También de cobrar varias veces por el mismo producto. La decisión del fiscal coincide con la firme defensa que tanto las empresas afectadas, Indra e Ibermática (dos de las más potentes del sector), como los anteriores responsables políticos, hicieron de su gestión.
A pocos meses de cumplirse tres años desde la llegada del Ejecutivo López a Lehendakaritza, y después de que desde el PNV se incidiera en la insostenible situación económica por la que atraviesa el Gobierno vasco, y también coincidiendo con las denuncias de irregularidades de contratación en Osatek por más de 14 millones de euros, el Ejecutivo de Gasteiz se descolgó con la denuncia de "graves irregularidades" detectadas al menos en una quincena de contratos informáticos realizados por la Consejería de Justicia entre 2000 y 2009, cuyo importe supera los 23 millones de euros. Durante el año 2000 y hasta septiembre de 2001, el consejero de Justicia fue Sabin Intxaurraga -fallecido en diciembre de 2010-, mientras que desde 2001 a 2009 el consejero fue Joseba Azkarraga.
La actual consejera de Justicia y portavoz del Gobierno López, Idoia Mendia anunció que el Ejecutivo socialista ha decidido trasladar a la Fiscalía estos contratos ya que, según manifestó, "ninguno de los expedientes de contratación analizados, a pesar de estar pagados en plazo, se ha ejecutado en su totalidad, no ya a fecha de finalización, sino que ni siquiera lo están a fecha actual". En aquella comparecencia fue más allá al señalar que algunos de estos contratos ni se han iniciado, por lo que -enfatizó- "con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados".
Otras de las presuntas irregularidades que desveló Idoia Mendia hacen referencia al "escasísimo plazo", de 16 días o un mes, fijado para la ejecución de algunos trabajos, lo que, en su opinión, pondría en evidencia que en dichos casos "la empresa sabía de antemano que iba a ser la adjudicataria y, en otros, que ninguna de las partes tenía la intención de realizar lo contratado, por lo que dicha contratación no era sino una mera justificación formal para obtener financiación".
La portavoz del Gobierno manifestó que, al tener conocimiento de estas "irregularidades", el anterior viceconsejero de Justicia, José Manuel Fínez -fallecido en octubre de 2010- encargó dos auditorías técnicas, una interna y otra externa, y posteriormente mantuvo reuniones con las empresas informáticas proveedoras. Según Mendia, esas empresas, "además de reconocer la falta de ejecución de muchos de los trabajos contratados y su cobro íntegro, se comprometían a su ejecución".
Las irregularidades detectadas, según la portavoz del Ejecutivo López, afectan a "la implantación del sistema de gestión procesal (JustiziaBat), el desarrollo del expediente judicial electrónico o la implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en Euskadi".
Joseba Azkarraga, el entonces consejero, aseguró entonces a DEIA que "si han puesto el caso en manos de la Fiscalía, ya veremos lo que tiene que decir la Justicia". El Ministerio Fiscal lo ha dicho hoy y echa por tierra todo el planteamiento del Gobierno del PSE. El exconsejero mandó una carta a Idoia Mendia, escrito al que tuvo acceso este diario, en la que le reprochó que ningún responsable del actual Departamento se haya puesto en contacto con él y con los otros profesionales afectados por la denuncia para contrastar los hechos. Aclaró que todas las contrataciones realizadas en su etapa "tuvieron un carácter público y se ajustaron a los controles propios de la Administración Pública Vasca. Todos sin excepción".
Por ello, Azkarraga consideró entonces "ofensivo" que, sin resolución judicial de por medio, Mendia afirme que con dinero público se han pagado sistemáticamente trabajos no realizados. En su opinión, la actual consejera "ignora la presunción de inocencia y opta de manera torticera por sembrar la duda respecto a las personas que han desempeñado responsabilidades en Justicia".
